La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene en la mira al Congreso del Estado por no aclarar el destino de 33 millones de pesos que fueron pagados por concepto de nómina durante el último año de Eduardo Martínez Arcila como presidente de la Gran Comisión.

En abril pasado, el máximo órgano de fiscalización del país emitió un pliego de observaciones contra el Congreso porque, a pesar de que se trata de pendientes en la cuenta pública 2018, la administración de Gustavo Miranda García no subsanó las aclaraciones solicitadas.

Según la auditoría 1750, en 2018, la Gran Comisión que estaba en manos de Martínez Arcila gastó 315.98 millones de pesos en el capítulo 1000, cantidad que superó en 33.6 millones al presupuesto anual autorizado. 

La determinación fue notificada formalmente el 20 de febrero de 2020 al entonces Presidente de la Mesa Directiva, Miranda García. Sin embargo, a pesar de que se entregaron diversas justificaciones, la autoridad federal determinó que no se atendió la solicitud de aclaración identificada con el número 2018-G-23000-19-1750-03-001, por lo que este determinó sustituir la acción por un pliego de observaciones.

“Para que el H. Congreso del Estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 33,611,432.74 pesos por concepto de incremento del capítulo 1000 ‘Servicios Personales’, respecto a la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018”, señala el oficio OAESII/PO-38/2021 girado al propio Martínez Arcila.

Fuentes del Congreso del Estado informaron a NOVEDADES que este tema ya fue atendido. No obstante, el Poder Legislativo no ha dado a conocer los oficios correspondientes a la recepción y aceptación de su aclaración ante la ASF.

En tanto, el Sistema de Información Pública de la auditoría federal señala que están pendientes las aclaraciones solicitadas por 33.6 millones de pesos.

El próximo 30 de septiembre se emitirá el informe sobre el estado que guardan dicha aclaración y si la justificación del Congreso fue aceptada. 

En su oportunidad, las autoridades de Punta Estrella afirmaron que el incremento fue debido a la creación de más plazas derivadas de las reformas a la Ley Orgánica, que modificó totalmente la forma de gobierno del Poder Legislativo.