El Congreso de Quintana Roo presentó el primer recurso legal en contra de la suspensión provisional otorgada por un juez federal contra el decreto 195 que abroga un decreto anterior de 2014, en el que se ampliaba la concesión del servicio de agua potable en la zona norte de Quintana Roo.

El recurso de queja quedó registrado en el expediente 04/2024 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Dicha queja se da con base en la información publicada en los estrados del Juzgado Octavo de Distrito, porque la notificación formal a la Legislatura no había ocurrido, hasta ayer.

En entrevista con Novedades, Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, defendió la decisión de la XVII Legislatura de cancelar la ampliación de la concesión de agua potable.

La ampliación ocurrió en 2014 y aunque fue aprobada por los entonces diputados, en diciembre pasado, los actuales legisladores argumentaron que había dos cláusulas que no fueron avaladas.

“Hubo un análisis en cuanto al estatus del servicio y también hubo un análisis en cuanto a lo que se aprobó y en este último es donde se detectó precisamente la deficiencia de los documentos que avalaran el artículo 7 y 13 del decreto del 2014 y esa omisión lesiona gravemente tanto a los usuarios como a los inversionistas como al gobierno así como la posibilidad de que sean dirimidos en México las diferencias y pues todos los pleitos se tendrían que llevar a otros tribunales y eso le quita, en los hechos, el derecho de dirimirse todos estos diferendos en el territorio donde se está llevando a cabo el servicio”, afirmó el legislador.

En ese sentido, afirmó que en los próximos días el Congreso recibirá un informe de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que, afirma, contendrá la información sobre supuestos incumplimientos en la cantidad de agua entregada y las inversiones realizadas por la concesionaria durante los últimos años.

“Este es otro tipo de informe, de cuánto sí o cuánto no ha cumplido la empresa en cuanto al abasto de agua y en cuanto a la instalación de infraestructura porque es otro tema y todo parece indicar que hay un rezago en ese sentido (de inversiones) en los últimos años. Entonces eso es de lo que se va a tratar este informe. Tiene que tener un formato muy completo para que sea un informe como tal y no nada más un resultado de muestreos”.

Aldana Navarro confió en que los tribunales le den la razón al Congreso de Quintana Roo, donde la empresa argumenta que no tuvo derecho de audiencia.

“Nosotros como Legislatura podemos omitir el derecho de audiencia cuando se trata del interés público para nosotros poder corregir cualquier defecto que haya en decretos o en legislaturas anteriores que esté lesionando a la población. Porque la población es el principal interés y tratándose del agua principalmente. Sería nuestro enfoque, el que la población tenga el líquido de manera continua y asequible, eso es nuestro principal motivo”.

En ese sentido, dijo que esperan una decisión imparcial por parte de los jueces, ante quienes se entregará toda la información disponible sobre el servicio de agua potable.

“Nosotros creemos que hay todos los elementos para que los juzgados no caigan en ningún tipo de presión. Es un tema delicado, que tiene muchos intereses de por medio, económicos, materiales y nosotros confiamos en que los jueces no van a caer en ningún tipo de tentación que no sea la firme convicción del defender al pueblo y a la ciudadanía en el tema del agua”.

Aunque el decreto ordenaba que la empresa Aguakan entregue todo a la Comisión de Agua Potable, a partir del 1 de enero de 2024, el presidente de la Jugocopo, reconoció que actualmente las cosas se mantienen como están hasta que se terminen de desahogar todos los recursos legales.

Sin embargo, destacó que en su momento, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado tendrá la capacidad operativa y técnica para garantizar que continúe el servicio de agua potable en las viviendas de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.