Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Solidaridad inició un nuevo juicio de amparo contra la concesión de los parquímetros, por presuntas irregularidades en la entrada de los permisos.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del organismo, afirmó que no hubo estudios ambientales ni de viabilidad que avalen la privatización de la vía pública que se hizo con la aportación de la sociedad a través de las contribuciones, ni tampoco una consulta pública, además de que el apoyo jurídico de los empresarios no encontró documentos que avalen el debido proceso.

“Detectamos en el otorgamiento de la licitación violación a los derechos humanos, sobre todo al debido proceso porque la sesión de Cabildo del 2017 no fue publicada en el Diario Oficial, y no se hizo la consulta pública de parte del gobierno (…) Hubo una supuesta licitación en el 2018 que fue numerada como la 001 de la administración 2016-2018, pero se hizo una búsqueda en transparencias y no se encontró nada de ese concurso”, dijo.

Amaro Betancourt espera que el Juzgado Quinto de Distrito, donde fue radicado el recurso de amparo falle en su favor e instruya la suspensión temporal, en un primer término y posteriormente la suspensión definitiva de los parquímetros.

“Solicitamos la protección judicial el amparo, todavía no está otorgado; está en revisión por el juez; esta semana debe de definirse”, indicó.

En conferencia de prensa acompañado por los abogados que colaboran en el CCE y su comité directivo, Amaro Betancourt dijo que el amparo fue ingresado al Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación el pasado 10 de octubre.

El acto impugnado es la concesión otorgada por la administración 2016-2018 para la instalación, puesta en marcha y operación del sistema de movilidad integral, a favor de la persona moral denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A de C.V. ”, por un plazo de hasta 15 años.