Ejidatarios de Tihosuco en Felipe Carrillo Puerto construirán caseta de cobro como parte de su manifestación contra la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) en la falta de pago de la indemnización de más de 116 hectáreas de sus tierras.

Desde el pasado lunes, los inconformes mantienen una manifestación en la carretera federal 295 Carrillo-Valladolid, inicialmente, realizaron un bloqueo total impidiendo el paso de vehículos; sin embargo, ante la falta de atención por parte de las autoridades, comenzaron a cobrar cuotas para permitir el cruce y ahora avanzan en la construcción de una caseta con el mismo propósito.

Además, los ejidatarios han comenzado a construir topes y planean instalar plumas sobre la vía, medidas que aseguran serán indefinidas hasta que se concrete el pago correspondiente al avalúo de las tierras, ellos están pidiendo como mínimo 200 pesos el metro cuadrado y no 20 pesos como las autoridades lo planearon.

Según explicaron, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) debe recibir 200 mil pesos para realizar el avalúo oficial y puedan proceder, pero la SICT ha argumentado que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir este monto.

El conflicto se agrava, ya que, aunque el Tribunal Unitario Agrario ha notificado a la SICT sobre la obligación de realizar el pago, no se ha establecido un diálogo con los manifestantes.

Hace algunos meses, como parte de sus primeras manifestaciones, los ejidatarios recibieron un anticipo de 27 millones de pesos con la promesa de una indemnización total, compromiso que hasta ahora no ha sido cumplido.

Los ejidatarios exigen justicia y el pago completo de la indemnización por las tierras expropiadas, señalando que esta situación no sólo afecta a sus derechos como propietarios, sino también a sus comunidades que dependen de estos recursos para su desarrollo. Mientras no haya un acuerdo con las autoridades, aseguran que mantendrán sus medidas de presión en la vía federal.

El Ejido de Tihosuco reclama la indemnización de 116 hectáreas expropiadas en la década de 1960 para la construcción de la vía Corta a Mérida, pero nunca se les indemnizó, pese a que existe una sentencia a su favor, las autoridades no querido solucionar el tema, justificándose de la falta de recursos.