Una acción de inconstitucionalidad contra el llamado “Plan B electoral” del presidente Andrés Manuel López Obrador, será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por parte de la oposición en el transcurso de marzo.

En conferencia de prensa, Mayuli Martínez Simón, senadora por Quintana Roo del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que los mayores problemas de esta reforma son que:

• Dejará sin trabajo a más de mil 300 personas.
• Viola distintos artículos de la Constitución, como el primero o el 132.

Por lo tanto, para presentar esta acción, se deberá tener el apoyo del 33% de los integrantes del Senado, es decir, alrededor de 42 senadores.

“Consideró que va a ser mucho más el impacto de gente que se va a quedar sin trabajo, pero sobre todo que han estado en una carrera en el órgano electoral de muchísimos años, que son quienes nos ayudan a sacar nuestras credenciales de elector. Pero sobre todo que hacen funcionar al órgano electoral”, dijo.

Martínez Simón agregó que el impacto de esta reforma en el estado implica que las cuatro juntas locales y una distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), en Quintana Roo, desaparecerán junto con sus plantillas, quienes organizan las campañas electorales. Y lo mismo pasará en los otros estados.

Por lo tanto, a partir de que la reforma entró en vigor a mitad de semana, se tiene todo marzo para presentar esta acción, aunque para la siguiente semana se dará más información.

Por otra parte, la senadora acusó que a pesar de que el plan B electoral haya entrado en vigor, no significa que sea legal o constitucional, y por eso se pedirá al Poder Judicial que resuelva en poco tiempo la demanda.

“Es una reforma electoral de cuatro leyes que vulnera las autonomías de los gobiernos municipales; y el que las elecciones sean secretas, universales y libres”, dijo

Piden regular el sueldo de los funcionarios del INE

Sin embargo, uno de los puntos con el que la senadora estuvo de acuerdo con la reforma es que se debe regular el sueldo de los funcionarios del INE, los cuales se pueden legislar con ajustes el gasto público, “pero hay que ser responsables y no hacer recortes que afecten a todos”

“Estamos a favor de que se vigile el gasto público, y que se cuide y ejecute de forma responsable, pero lo que no podemos hacer es decir nada más que todos son corruptos, que todos están haciendo las cosas mal, sobre todo porque es un órgano autónomo, que puede ser fiscalizado”, señaló.

Finalmente, Jorge Pat, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, aclaró que la acción inconstitucional podría ser apoyada por integrantes de distintos partidos, como el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano o Partido Revolución Democrática.