23 de Septiembre de 2018

Chetumal

‘Luchan’ por evitar devolución de recursos federales

La Contraloría demuestra que ex funcionarios hicieron mal uso del dinero.

Existen avances importantes que permitirían librar al Gobierno del Estado de la devolución de dinero. (Joel Zamora/SIPSE)
Existen avances importantes que permitirían librar al Gobierno del Estado de la devolución de dinero. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- La Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo entregó a la Auditoría Superior del Estado (ASF) una serie de expedientes donde se comprueba la responsabilidad de ex funcionarios en la mala administración de fondos federales, en busca de evitar reintegros.

Rafael Antonio del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, explicó que existen avances importantes que permitirían librar al Gobierno del Estado de la devolución de dinero, y en cambio, que la ASF inicie el proceso de recursos directamente contra quienes fungieron como servidores públicos durante la administración anterior.

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Junto con los expedientes que demuestran la responsabilidad, se han enviado a la ASF documentos para acreditar la presentación de las denuncias penales correspondientes.

“Pensar en reintegrar, es la última alternativa, porque sería perder dos veces. Junto con la ASF hemos acordado reglas y condiciones para considerar como solventados los recursos cuando hemos presentado las denuncias correspondientes”, destacó.

Dijo que la idea es que los ex servidores públicos que incurrieron en irregularidades sean quienes aclaren el ejercicio correcto de los recursos y su destino.

“Estamos viendo los casos de cantidades importantes, donde el estado no está en posibilidades de restituir recursos de esa naturaleza, y que sean sancionados los responsables y no el estado como tal”.

Recordó que la solventación de observaciones fue uno de los temas con mayor rezago que heredó la administración, que encabezó Roberto Borge Angulo, con irregularidades observadas por más de dos mil millones de pesos, que incluía algunas realizadas desde el año 2008 y que no habían sido atendidas.

A esa cifra se suma poco más de mil millones de pesos derivadas de observaciones efectuadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que no necesariamente tienen que ver con reintegros obligados.

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