En un atentado inexplicable contra la economía regional, la secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) en Quintana Roo, Rosa Elena Lozano Vázquez, ha mantenido las prácticas viciosas dentro de la dependencia con proyectos productivos, en los que a los interesados se les pide una “cuota” para que sus propuestas sean aceptadas, o peor aún, se simula el ingreso de proyectos a fondo perdido con ciudadanos que reciben migajas por prestar su nombre a los coyotes de la SEDE.

Estos actos de corrupción en esa dependencia encargada de propiciar las condiciones para detonar el desarrollo económico en la entidad no son cosa nueva, pero es inaceptable que Rosa Elena Lozano, quien llegó de la mano del gobierno del “cambio”, se haya empeñado en continuar con esas acciones malsanas que terminan por matar el ánimo de emprendedores locales.

En febrero pasado Novedades Chetumal narró el testimonio de una joven emprendedora de la zona maya con un proyecto laureado a nivel internacional, pero al intentar meter su propuesta para recibir financiamiento del Inadem los representantes de la dependencia le pidieron a cambio una “aportación” del 15 por ciento del monto a recibir, a todas luces un exceso.

A esa temprana denuncia se han sumado muchas más de quintanarroenses, sobre todo del sur del estado, que han acudido con la sana intención de levantar un negocio para crear ingresos, empleos y oportunidades que tanta falta hacen en esta zona, y que se han encontrado con la costosa tarifa de corrupción impuesta por la SEDE.

Pero el coyotaje de recursos públicos destinados a fortalecer la economía local no termina allí; otro ciudadano indignado narró que un sujeto, que no supo precisar si es empleado de la dependencia o si solamente colabora como externo para pescar incautos, le ofreció 10 mil pesos por prestar su nombre y documentos.

El modus operandi es sencillo: los “coyotes” contactan a las personas que ven interesadas y, tras convencerlas con una módica cantidad, elaboran un proyecto a fondo perdido que de antemano tiene el visto bueno de las autoridades de la dependencia, cobran el dinero que por lo regular son más de 50 mil pesos, le pagan al prestanombres cinco o diez mil pesos y el resto es ganancia.

Por supuesto estos “proyectos” nunca ven la luz y no aportan nada al desarrollo del estado, ya que el dinero se queda en bolsillos y cuentas bancarias de funcionarios corruptos.