Por los delitos de extorsión, cobro de derecho de piso, despojo y amenazas de muerte, Mario N, ex comandante de la Policía de Investigación (PDI) en Cozumel de la FGE, es denunciado ante la FGR.

Anahí Guadalupe De la Fuente Mirabal, dio a conocer que la persona, bajo cuya gestión han aumentado las ejecuciones en la isla, ya que presuntamente lleva meses extorsionándola y lanzó amenazas de muerte a su pareja sentimental con el objetivo de apropiarse un predio sobre la costa en el kilómetro 18 de la zona sur de Cozumel.

Por lo tanto, Jesús Contreras Velázquez, abogado de la denunciante, dijo que es esto hay pruebas y que en la extorsión tiene participación la abogada a quien identifican como Ivette Jessica N, coordinadora de Ministerios Públicos del Fuero Común, a quien señalan de obstaculizar el conocimiento de una carpeta de investigación iniciada en contra de su cliente, que hasta la fecha no ha podido recuperar su patrimonio.

Agregó que el integrante de la PDI les ha advertido que ya tiene compradores para el predio arrebatado, sin mostrar orden de un juez y como medida de presión para obtener fuertes cantidades de dinero.

La denuncia se ingresó en la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), con el folio FEMDH-DGPDSC-DSC-0586-2023 con fecha 30 de marzo de 2023.

Víctima describe inicio de los hechos

De la Fuente narró con lágrimas en los ojos que todo comenzó el 4 de noviembre de 2022, cuando ambos personajes llegaron al predio apoyados con personal de la Fuerza de Reacción y Apoyo Inmediato (FRAI) de la FGE y la Guardia Nacional, y sin mostrar una orden de emitida por un juez, por la fuerza ocupó en polígono y expulsó a los trabajadores.

Dijo que amenazaron de muerte a su pareja, quien se negaba a retirarse hasta que no le mostraran el documento que avalara el aseguramiento. “O te sales por las buenas o te sales con las patas por delante”, fue la frase el comandante de la PDI le lanzó.

Al día siguiente De la Fuente Mirabal se presentó ante el ministerio público para iniciar una denuncia, pero Ivette N no la aceptó bajo el argumento de que el predio estaba asegurado y su denuncia era inválida.

La denunciante afirmó que le exigieron 50 mil pesos, dinero que entregó el 6 de noviembre en sus oficinas de la 65 avenida con calle 25 sur. Sin embargo, el 25 de enero de 2023, el predio se volvió a asegurar y nuevamente le exigen dinero para poder liberarlo.

La denunciante pidió a la Gobernadora Mara Leza Espinoza su intervención para que se investigue al hoy comandante de la PDI en Leona Vicario, que en su momento estuvo a las órdenes de Rosaura Villanueva Arzapalo, Fiscal Anticorrupción en Quintana Roo.