En su primera semana de sesiones, los nuevos diputados de Quintana Roo aprobaron reformas a la Constitución Política del Estado, que abre la puerta a la renovación casi total de todos los organismos de combate a la corrupción.

Además, los cambios a la carta magna del estado permitirán que los titulares de esos organismos permanezcan por un periodo mayor, incluso, con posibilidad de una reelección. Es el caso de los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos, que a partir de esta reforma durarán siete años.

Para ello, el Congreso del Estado realizará nuevas designaciones, es decir, los titulares actuales deberán dejar los cargos, aunque podrían participar en el nuevo proceso de designación.

Esta reforma promovida en los últimos días de la Legislatura anterior, también establece el cambio de denominación del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo para convertirse en Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción.

Como parte de este cambio, se redujo a 30 años la edad mínima para ser magistrado. Al igual que en los órganos internos de control, el Tribunal también tendrá una renovación total de las magistraturas. Los nuevos magistrados durarán en el cargo 12 años.

Por otra parte, la reforma establece la desincorporación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para ser un organismo con autonomía administrativa y presupuestal, es decir, ya no estará subordinada a la FGE.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patromonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna que tendrá por objetivo la investigación y persecusión de delitos de actos de corrupción”, menciona el artículo 96 referente al Ministerio Público.

Como parte de la reforma, el Congreso designará a un nuevo titular que también durará 12 años, sin opción de reelección.

Según lo expuesto por los legisladores, era necesario garantizar que dicho organismo de combate a la corrupción ya no dependiera de la Fiscalía General. En el caso de la Fiscalía General, los legisladores también ampliaron de nueve a 12 el periodo para el fiscal general, que aplicará al actual responsable, Raciel López Salazar.

La minuta con el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad de votos de 21 diputados y será enviado a los 11 Ayuntamiento para ratificación. En la sesión, no estuvieron presentes los dos diputados del PAN y tampoco, los diputados de Movimiento Ciudadano y uno del PT.