Aumentan 60% las denuncias por acoso

De 48 quejas presentadas en 2016, el año pasado la cifra alcanzó los 79 hechos.

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La mayoría de las quejas provienen de mujeres; el delito se cataloga como una forma de violencia. (Daniel Tejada/SIPSE)
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Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Las denuncias por acoso sexual en Quintana Roo pasaron de 48 en 2016 a 79 en 2018, lo que representa un aumento del 60.7%, según destaca un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El órgano institucional informó que el delito mayormente se cometió contra mujeres; sin embargo, también abrieron un total de 13 carpetas de investigación por denuncias presentadas por hombres.

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La información confirma que en el año 2016 se presentaron un total de 48 denuncias ante el Ministerio Público del Fuero Común; una por un masculino y 47 por féminas.

Para el año 2017, las investigaciones giraron en torno a un total de 65 denuncias presentadas por mismo número de mujeres en toda la entidad; mientras que en el año 2018, la instancia confirmó que fueron aproximadamente 79 denuncias, una presentada por un masculino y el resto por mujeres.

No obstante, desde el año 2012 al 2015, el total de denuncias ha tenido pocas variaciones; de un total de 237 presentadas en esos años, en promedio se presentaron un total de 59 denuncias por anualidad. Entre esas, un total de 11 fueron presentadas por varones.

Esa figura del delito está contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.

La normativa, en su Artículo 11, cataloga el delito como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Para erradicar esa problemática, el estado y los municipios deberán promover y difundir en la sociedad que el acoso y el hostigamiento sexual son delitos; por lo que también es necesario que se establezcan políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de labores, de docencia o en el ámbito social.

En su Artículo 13 habla de los mecanismos que deben favorecer en su erradicación en escuelas y centros laborales, privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos.

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