En los últimos cinco años se incrementaron en un 500% las solicitudes para convertir en propiedad privada las parcelas ejidales en Quintana Roo, comparado con todo el periodo desde que se modificó la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo del 2019.

De acuerdo al estudio “Décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, desde que se permitió este cambio y hasta apenas un año después de haber iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 22 mil 660 parcelas se convirtieron en privados, ocupando un área de 192 mil 600 kilómetros en el Caribe Mexicano.

El 94% de estas, 192 mil 600 hectáreas de tierra, fueron destinadas para la construcción de fraccionamientos, residenciales u otro tipo de desarrollo inmobiliario.

Para esto se presentaron cerca de 8 mil 340 solicitudes ante el Registro Agrario Nacional. Pero desde el 2020 y con el boom por la vivienda debido a la demanda de éstas por trabajadores, el crecimiento de los polos turísticos y la entrada de Airbnb, las solicitudes llegaron a más de 41 mil 286 hasta mayo pasado. Casi la mitad aún están en proceso de resolverse.

Pero lo más preocupante, establece la profesora e investigadora Gabriela Torres Mazuera en dicho estudio, es que esta conversión a dominio pleno de parcelas ejidales certificadas se está llevando a cabo con un porcentaje importante en disputa, debido a que son producto de despojo de tierras.

“Son promovidos de manera muy activa por diversos actores, entre los que destacan aquellos pertenecientes al sector empresarial inmobiliario”, cita el texto, detallando que esta “mafia agraria” que actúa coordinadamente en la Península de Yucatán para apropiarse de estas tierras, tiene involucradas a varias instituciones desde oficiales agrarios, catastrales, juicios, peritajes, para obtener propiedad colectiva a bajo precio y después concretar transacciones comerciales de gran utilidad en el ramo de bienes raíces.

Incluso, el Tribunal Unitario Agrario aumentó su tiempo de atención de unos cuatro meses a casi dos años, debido a que se encuentra saturado de litigios por este tipo: cada mes ingresan cerca de 50 demandas por estas apropiaciones ilegales.

Hasta la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo ha advertido en varias ocasiones sobre el incremento desmedido de fraudes, donde grupos de personas venden terrenos ejidales que aún se encuentran en litigio, provocando la pérdida de la inversión de los interesados.

A pesar de esta situación, desde el 2019 sólo se han arrestado en la entidad a 16 personas por delitos relacionados con la venta ilegal de tierras que no les pertenecen, y a otros 201 por participar en hechos violentos de despojo o conflictos por estas tierras, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado obtenida a través de transparencia.