Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Gobierno del Estado y ocho Ayuntamientos deberán comprobar, en breve, el destino de 491 millones 633 mil 472.7 pesos que gastaron el año pasado, pero que no justificaron de manera correcta.

Se trata de los informes de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2016, entregados recientemente al Congreso del Estado por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

Los montos corresponden a las observaciones en materia financiera y de obra públicas, las cuáles, hasta el cierre de los informes, el pasado 5 de septiembre, no habían sido solventadas.

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En el caso del Poder Ejecutivo, el monto a comprobar asciende a 305 millones 766 mil 498.09 pesos.

La mayor parte fue resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento en el rubro de Contratación de Servicios, identificado con el número AEMF-DFAPC-GOB-RE-287, en donde se detectaron operaciones financieras que carecen de soporte documental por 274 millones 429 mil 398.77 pesos, además de un millón 044 mil 298.77 pesos por concepto de gastos de difusión sin soporte periodístico.

El resto de las observaciones, fueron producto de la auditoría AEMF-DFAPC-GOB-FIS-286, donde se detectaron operaciones financieras sin soporte documental por 18 millones 390 mil 929.32 pesos y 11 millones 901 mil 270 pesos adicionales, en apoyos económicos a diversos sectores de la población, sin evidencia documental.

Según el dictamen, firmado por Manuel Palacios Herrera, titular de la Aseqroo, el Gobierno del Estado se encuentra dentro del plazo legal del proceso de solventación. El ejercicio fiscal 2016 fue ejecutado de enero a septiembre por la administración de Roberto Borge Angulo y los restantes cuatro meses por el gobierno de Carlos Manuel Joaquín González.

En lo que respecta a los Ayuntamientos, donde existen observaciones por presuntos daños o perjuicio a las finanzas por 185 millones 866 mil 974.61 pesos, los mayores montos corresponden a Benito Juárez con 73 millones 954 mil 654.25 pesos.

Las presuntas irregularidades refieren al concepto de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios contratados con bienes muebles e inmuebles en los que no se cumplió la normatividad prevista en la ley, específicamente en los gastos en materia de comunicaciones social.

El segundo y tercer lugar se encuentran Solidaridad y Othón P. Blanco con 57 millones 659 mil 368.89 pesos y 48 millones 493 mil 681.94 pesos, respectivamente.

En el primer caso, Solidaridad, las observaciones fueron en el rubro de obra pública en donde hubo documentación faltante o improcedente que no permitieron la justificación el gasto público, además de pagos en exceso.

En lo que respecta a Othón P. Blanco, las observaciones que deberán ser solventadas corresponden a los servicios de arrendamiento que realizó el gobierno municipal, durante el año que gobernó Eduardo Espinosa Abuxapqui (enero septiembre) y Luis Torres Llanes (octubre-noviembre).

Los otros municipios que presentaron observaciones fueron Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Isla Mujeres y Bacalar con montos menores a los dos millones de pesos.

Las observaciones señaladas por la Aseqroo son independientes de las denuncias penales que ya fueron interpuestas en contra de ex funcionarios estatales y municipales, por daño patrimonial superior a los 11 mil 800 millones de pesos.