El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE) confió que con una reforma al Código Penal de Quintana Roo para penalizar el cobro de “derecho de piso” incentive la denuncia contra este delito en el estado y disminuyan los casos que cada vez más se registran en el día a día.

Eduardo Martínez González, presidente del organismo, comentó que este tipo de delitos afecta a su gremio, incluso al grado de ocasionar cierre de algunos de negocios.

“Yo espero que, con esta aprobación, publicación e implementación de esa reforma, pues se incentive a que haya más denuncias y obviamente, pues es un proceso en donde la gente va empapándose y vaya agarrando valor para eso”.

Reconoció que hay miedo en el sector empresarial de denunciar, por el miedo a las represalias de los delincuentes, considerando que, con la aprobación unánime de esta reforma, combinados con los esfuerzos del gobierno estatal para reforzar la seguridad, esta problemática pueda cambiar y se generen las denuncias contra este tipo de extorsiones.

Cuentan con reforma contra ‘derecho de piso’ para disminuir el delito en Cancún / (Foto: Edgar Balam)

El entrevistado comentó que, si bien no tiene una estadística al respecto, reconoció que hay casos que son conocidos y que incluso ha ocasionado algunos cierres de negocios.

“Es cáncer, es un crimen que menoscaba a cualquier sector productivo, de todos los niveles. No puede ser que alguien que toma todos los riesgos de abrir cualquier negocio pequeño, mediano y grande, tenga que pasar y lidiar con el crimen organizado; entonces, este tipo de reformas facilitan y le dan herramientas a la Fiscalía para poder actuar”.

Martínez González confió en que esta reforma pueda brindar a las empresas y trabajadores la certidumbre necesaria para trabajar con tranquilidad y confianza.

“Si ya el riesgo de abrir un negocio tener un negocio es difícil pagar la nómina, es difícil este y si ahora resulta que el crimen organizado hay que lidiar con él, pues como que no hay ningún negocio que aguante”.

Hay que recordar, que el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Penal del Estado de Quintana Roo, propuestas por el diputado Hugo Alday Nieto, en las que se introduce como nueva agravante al delito de extorsión, cuando se realiza un cobro ilegal de cuotas de cualquier índole, ya sea a través de dinero o bienes, de forma continua o permanente.

También se establecen otras dos agravantes, entre ellas cuando la víctima o un tercero cumple con las demandas del extorsionador y cuando el extorsionador está armado o parece ser peligroso.

A este delito, el cual cambió de bien jurídico tutelado de “patrimonial” a “contra la libertad y seguridad de las personas”.