Raúl Labastida Mendoza, quien se desempeñó como Consejero Jurídico del ex gobernador Roberto Borge Angulo, recibió un revés legal en su intento por librarse del proceso penal que enfrenta por el delito de peculado.

La tarde de este martes 21 de julio, el magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña resolvió el caso 24/2020 promovido por el ex funcionario estatal de Quintana Roo en contra del auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control dentro de la carpeta administrativa 227/2017, el pasado 23 de febrero.

“Habiendo estudiado y analizado la resolución recurrida así como los agravios esgrimidos por el defensor particular del imputado, con sus respectivos alegatos y habiéndolos declarado infundados, lo procedente es confirmar la resolución pronunciada por el juez de control en audiencia fecha 23 de febrero de 2020, relacionada a la carpeta administrativa 227/2017, instruido en contra del imputado Raúl Enrique Labastida Mendoza por el hecho delictuoso de peculado”, señala la resolución dictada.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acusa al ex servidor público de haber distraído de los fines y para uso de terceros un millón 187 mil 900 pesos, que correspondían al gasto corriente y que el Gobierno del Estado le entregó.

Según los dichos de la fiscalía especial, ese dinero no fue comprobado, ni total ni parcialmente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, además de que en los registros de la Consejería Jurídica no existieron contratos de prestación de servicios.

“Si bien, es cierto que la cantidad en referencia, en un primer momento fueron entregadas y depositadas para fines específicos, en aras de cumplir con los fines de la Consejería, dichas cantidades fueron entregadas a terceros, desviándolas de su objeto, toda vez que no existe la comprobación de que las personas a las que se les entregó hayan prestados los servicios para los cuales se destinaron los recursos”, señala la acusación realizada en su oportunidad por el ministerio público.

El ex consejero jurídico del Gobierno del Estado apeló la vinculación a proceso, que enfrenta en libertad, bajo diversos argumentos. Entre ellos que el ministerio público no acreditó los elementos del delito así como el dolo en la presunta distracción del dinero.

En su resolución, el magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña consideró que esa acreditación corresponde al estudio de fondo del caso, lo cual se debe realizar dentro de una sentencia, lo cual estará después del juicio correspondiente.