Ángel Castilla/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Autoridades de Othón P. Blanco presentaron dos nuevas denuncias en contra de ex funcionarios municipales, que se suman a otras nueve, y que juntas representan un daño patrimonial superior a los 66 millones de pesos.

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Marcela Rojas López, síndico municipal de Othón P. Blanco, acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar las denuncias que quedaron asentadas en los expedientes FGE/QR/OPB/08/4475 y FGE/QR/OPB/08/4476.

La primera fue por el delito de Aprovechamiento Ilícito del Poder desde la presidencia municipal que encabezó Eduardo Espinosa Abuxapqui, y que según las investigaciones, provocaron un daño patrimonial por 12 millones de pesos.

La segunda, fue por peculado por un monto de cuatro millones de pesos, en contra de ex funcionarios de la Tesorería Municipal. Según los datos recabados, esta última denuncia fue en contra César Rey Euan Tun y Julia Mariluz Martínez Sánchez, ex tesorero y ex directora de egresos, respectivamente.

La síndico municipal señaló que fueron aproximadamente 30 pruebas, por cada denuncia, las que se presentaron ante la FGE, entre ellas documentos certificados que se lograron recopilar a través de las investigaciones hechas por la Contraloría, emanadas de las actas de entrega-recepción.

La funcionaria no quiso revelar mayores detalles sobre los recursos legales, tales como el origen y destino de esos recursos económicos, porque dijo forman parte pruebas, ahora en manos de la FGE.

En junio pasado, el Ayuntamiento presentó la última denuncia, de una primer paquete de nueve, en donde el daño patrimonial estimado ascendió a más de 50 millones de pesos.

Por otra parte, Miguel Isaías Palomo Tuyub, titular de la Contraloría Municipal, dijo que trabajan en el desahogo de audiencias y pruebas dentro de 30 expedientes administrativos turnados al Departamento de Quejas y Procedimiento a fin de proceder a sancionar a los responsables.

“Las sanciones administrativas pueden ser apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión en el puesto, cargo o comisión; destitución en el puesto, cargo o comisión; sanción económica e inhabilitación para desempeñar algún puesto, cargo o inhabilitación que se imponga como consecuencia de una comisión en el servicio público”, detalló el entrevistado.

Explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, cuando el acto u omisión implique un lucro para el servidor público o cause daños o perjuicios a la administración pública, la inhabilitación será de uno a 10 años.

En caso de que el monto exceda las doscientas veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (dos mil 294.90 pesos), la inhabilitación de 10 a 20 años.