13 de Diciembre de 2017

Quintana Roo

Suman ya 20 denuncias contra funcionarios de Borge (video)

Seis nuevas denuncias se suman a las 14 querellas presentadas ante la Fiscalía y la PGR.

Rafael Del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), dio detalles sobre las nuevas denuncias contra funcionarios del gobierno de Roberto Borge. (David De La Fuente/SIPSE)
Rafael Del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), dio detalles sobre las nuevas denuncias contra funcionarios del gobierno de Roberto Borge. (David De La Fuente/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de la Gestión Pública interpuso seis nuevas denuncias penales contra exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, quienes causaron un probable daño patrimonial al estado, superior a los 783 millones de pesos.

Rafael Del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) detalló que el de mayor monto corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) con un probable desvío por 700 millones de pesos.

“La denuncia es por supuestos apoyos que se hicieron al campo, ahí detectamos el probable desvío de más de 700 millones de pesos. Digo probable porque está sujeto a proceso de investigación ante la Fiscalía y somos muy cuidadosos con la presunción de inocencia”, destacó.

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El manejo indebido de los recursos se detectó tras una auditoría especial aplicada a Sedaru, que fue encabezada desde el año 2013 por Luis González Flores, tío del exgobernador Félix González Canto.

Auditorio del Bienestar, no es funcional

Otras dos denuncias más refieren a la obra denominada Auditorio del Bienestar que se construyó en la ciudad de Cancún con un costo de 245 millones (incluyendo camino de acceso y estacionamiento), por la empresa FDL Compañía Constructora S.A de C.V.

El primer recurso legal se debe a los sobrecostos de la obra detectados por la Secretaría de la Gestión Pública por un estimado de 60 millones de pesos; el segundo es por la omisión en la revisión de la obra, al momento de su recepción, el cual no podrá ser utilizado a menos que se realice otra millonaria inversión.

Algunos de los problemas detectados, hasta el momento, son la falta de un sistema de protección contra incendios, falta de medidas de seguridad al tener una sola entrada y salida.

En el caso de los asientos, no cumplen con las normas de construcción y de seguridad que dictan las autoridades de Protección Civil.

“Tiene una serie de problemas, significa que para hacerlo funcional es necesaria una inversión millonaria. La obra la ejecutó Sintra y la responsabilidad es las autoridades que recibieron la obra, en esas condiciones, además de la falta de pericia en la planeación”, destacó Del Pozo Dergal.

“La obra la ejecutó Sintra y la responsabilidad es las autoridades que recibieron la obra”

Estas dos denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que se trata de recursos federales.

Recurso contra CAPA y Oficialía Mayor

El recurso legal número cuatro, presentado hace dos semanas, ante la Fiscalía General del Estado hace referencia a irregularidades detectadas al interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) por la entrega de Créditos Puente a empresas, por más de 12 millones de pesos.

“Se entregó dinero por diferentes conceptos a empresas, en un acto que está totalmente fuera de la ley”, mencionó el funcionario estatal.

La quinta denuncia penal fue presentada contra ex funcionarios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado así como de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivo S. A. (VIP Saesa), por un posible daño patrimonial por casi 10 millones de pesos.

Estas querellas, se suman a las 14 denuncias presentadas ante la Fiscalía y la PGR

En ese caso, según las investigaciones de la SGP el Gobierno del Estado pagó millonarios recursos públicos para cubrir viáticos de pilotos, a pesar de que los servicios de aeronaves fueron a través del concepto de renta, es decir, incluía el servicio completo.

La sexta denuncia penal fue por gastos no comprobados por un millón de pesos dentro de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que encabezó en su oportunidad Raúl Labastida Mendoza.

Estas querellas, se suman a las 14 denuncias presentadas ante la Fiscalía y la PGR, así como los 200 procedimientos administrativos que ha iniciado esta administración en contra de ex servidores públicos.

La Gestión Pública trabaja en otro paquete de auditorías que más adelante podrían derivar en otras acciones legales en contra de ex servidores públicos de la administración estatal que encabezó Roberto Borge Angulo.

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