Benjamín Pat/SIPSE
Chetumal, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo inició un diagnóstico sobre el nivel de capacitación de policías, ministerios públicos y jueces sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio cuya vigencia inició ayer en la zona maya.

El diagnóstico incluye también información del nivel de conocimiento que tiene la población sobre del nuevo sistema de justicia al que serán sometidos a partir del 10 de junio, confirmó Harley  Sosa Guillén, presidente de la Cdheqroo.

De igual manera, la Comisión requirió a los visitadores adjuntos en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos vigilar de cerca el papel que realicen las autoridades de judiciales y de seguridad pública.

“Estaremos muy atentos del actuar de las autoridades, porque no vamos a permitir que se vulneren los derechos de ningún ciudadano quintanarroense y menos con estos sistemas que han sido muy complejos, y que involucran un cambio cultural y jurídico”, mencionó Sosa Guillén.

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Foco rojo 

Para la Comisión de los Derechos Humanos serán un foco rojo el tema de las detenciones que se puedan hacer en esos municipios aunque, en teoría, todos los agentes policiacos deberían estar capacitados.

Según el decreto aprobado el año pasado por la XIV Legislatura del Congreso del Estado el 30 de abril de 2016 se implementarán los juicios orales en materia penal en los últimos Distritos Judiciales de Quintana Roo.

Los primeros municipios fueron Othón P. Blanco y Bacalar en junio del año pasado y le siguen Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos este 10 de junio.

El próximo 10 de septiembre de este año comenzará a aplicar para el municipio de Lázaro Cárdenas y en noviembre para el municipio de Cozumel.

Los últimos serán Solidaridad, Tulum, Benito Juárez e Isla Mujeres en los primeros cuatro meses del 2016.

En 2014 Quintana Roo recibió 12 millones 13 mil 166 pesos, de los cuales, 4.8 millones de pesos debieron ser invertidos en infraestructura y equipamiento, 4.2 millones para difusión y transparencia.

Los 2.8 millones de pesos restantes debieron ser destinados a capacitación, de acuerdo con la información de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.