Vecinos y activistas de las colonias Donceles, Lombardo Toledano y Puerto Juárez publicaron un manifiesto basado en el “derecho a la ciudad” como principio de desarrollo urbano.

El modelo de desarrollo, diseñado por la organización Turismo Hábitat A.C, fue hecho para aplicarse en el Distrito 3, que comprende esta zona, alineado a los principios de la agenda internacional en la materia.

“Poniendo como pieza clave nuestro “Derecho a la ciudad”, trabajamos y logramos la construcción de una visión colectiva del distrito. Identificamos mecanismos para la construcción de un distrito democrático, educado, inclusivo, productivo, sostenible, seguro, saludable, resiliente y habitable”, explican los creadores.

De acuerdo con el marco legal, el Derecho a la Ciudad asegura que todo ser humano y toda comunidad encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica, social, cultural y ecológica.

El manifiesto refiere que si bien Cancún, el destino de sol y playa más importante de América Latina, es una de las ciudades más competitivas de México, sus puntos débiles se encuentran en aspectos como la desigualdad económica, escasa participación social, equidad en el uso del espacio público y seguridad.

Exponen que el Distrito Hábitat, como han denominado al Distrito 3, alberga a la población antecedente al desarrollo de Cancún, sin embargo, siempre fue expectante y pocas veces partícipe del desarrollo que ha experimentado la zona.

“Aún contando con importantes recursos naturales y culturales, entre ellos un área natural protegida y vestigios arqueológicos, es actualmente una de las zonas que concentra importantes problemáticas urbanas, sociales, económicas y ambientales, que detonan en violencia y marginación”, se lee.

Esta situación ha provocado el interés de la población residente en la zona por reconfigurar y reivindicar la vida urbana.

Entre sus peticiones se encuentran generar espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa y democrática, al más alto nivel posible de la ciudadanía; reconocer iniciativas de la sociedad civil organizada en la propuesta de proyectos de ley y de planes de desarrollo; combatir la segregación económica, social, espacial y étnica de la zona; inhibir la especulación inmobiliaria y desarrollar normas urbanas para la distribución de los beneficios generados por el proceso de urbanización.

El documento fue presentado al Ayuntamiento de Benito Juárez para su aceptación institucional, que si bien no es vinculante, puede ser retomado al momento de realizar cualquier plan de desarrollo en el sitio.