Revelan despojo de propiedades de forma fraudulenta

Una red inmobiliaria que opera en Cancún es apoyada por autoridades estatales y municipales.

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Existe una denuncia por el probable delito de falsificación de documentos.(Redacción/SIPSE)
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Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Más de 30 familias han sido despojadas de sus propiedades porque fueron vendidas de forma fraudulenta a través de una red inmobiliaria que opera en Cancún con apoyo de autoridades estatales y municipales.

Ana Elena Campos Guerrero compareció en el Juzgado Segundo Penal derivado de la causa penal 26/2017, expediente en el que es señalada por el despojo de una propiedad, en contubernio con notarios, ministerios públicos mediante documentos falsos.

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La indiciada había sido detenida por ese caso, sin embargo, al concluir la audiencia salió en libertad por falta de elementos; la afectada es una persona de escasos recursos económicos, quien integró sola el expediente sin la orientación de un abogado y por ello, la detenida salió libre de este caso, pero aún tiene más.

Otros casos los lleva en libertad por un amparo interpuesto en contra de los expedientes 25/2017 por el delito de fraude genérico en el Juzgado Primero, mientras que en el Juzgado Tercero la carpeta es la 511/2015 por fraude.

Independientemente de esos juicios hay otros más y alrededor de 14 son en Yucatán, entre ellos la familia Campos, residente en Mérida, donde puso una denuncia al igual que en Quintana Roo por el delito de despojo de unos predios en el Ejido Alfredo V. Bonfil.

Campos Guerrero, mediante el uso de documentos falsos ha despojado del patrimonio a familias en la región, como es el caso del predio en la Supermanzana 336, manzana 1, lote 2, el cual fue comercializado en siete millones 652 mil 309 pesos a empresarios de la Ciudad de México, cuando el valor real supera los 10 millones de pesos.

La propiedad fue registrada en 2011 bajo el folio electrónico 265986 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún; en febrero pasado falleció el propietario y sus familiares meses después acudieron a la Notaría 62 para actualizar la posesión del predio, que es donde llevan a cabo todos los trámites notariales.

En el proceso de actualización de la propiedad, los familiares detectaron en el Registro Público de la Propiedad un aviso de compra preventivo de acto traslativo (una anotación de una presunta venta a través de la Notaría Pública 3).

Los familiares acudieron a esa Notaría donde hablaron con el titular, quien inició investigaciones y posteriormente dio aviso a las autoridades correspondientes sobre la irregularidad del caso, por lo que fue bloqueado el folio.

Las simulaciones para demostrar que Campos Guerrero era albacea del fallecido, las hizo a través de la Notaría 19, de la que es titular Gerardo Amaro Betancourt; y para desbloquear el folio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio la apoyó Víctor Corona Beristaín, ministerio público de la Fiscalía General del Estado, aun cuando sabía que estaba iniciada la carpeta FGE/QR/CAN/DD/01/5/2018, así como el expediente FGE/QR/BJ/11/17901/2017, de acuerdo con el oficio FGE/QR/CAN/DD/03/1144/2018, para que a través de la Notaría Pública 106 del Estado de México lograr la venta del predio en favor de Jorge Edwards y Guillermo Antonio Chanin Silhy, accionistas de Importadora Munich y A.G Polymers.

La cédula catastral utilizada para la comercialización del predio con folio 3719192 igual es falsa, de acuerdo con un documento emitido por la Dirección de Catastro que no reconoce la firma del mismo, aunado a que el folio de la propiedad igual fue bloqueado ahí.

Ante la FGE hay una denuncia por el probable delito de falsificación de documentos, y fue solicitado un oficio para que Amaro Betancourt remita una copia certificada de la escritura pública 73, Tomo B con fecha 9 de marzo de 2016 sobre el proceso de compra venta.

En los últimos siete años, la corrupción en el estado ha permitido que pseudogestores inmobiliarios comercialicen bienes inmuebles de forma fraudulenta en contubernio con agentes del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Notarios Públicos.

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