Seis actuales servidores públicos estatales y municipales, cercanos al gobierno que encabezó el actual embajador de México en Canadá, son señalados de avalar despojos en el municipio de Tulum.

Dos de ellos tenían el control del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, desde donde se avalaron los movimientos de folios electrónicos, a pesar de no cumplir con los requisitos.

Se trata de Layla Lorena Flores Terrazas, quien operó durante el gobierno de Carlos Joaquín González, como la directora del Registro Público, en el periodo final del ahora embajador en Canadá.

Actualmente es jefa del Departamento de Apoyo y Asistencia Legislativa en el Congreso de Quintana Roo.

Junto con Solangel Azucena Alonso Madrigal son señaladas de haber dado de alta movimientos en el Registro Público de la Propiedad sin que cumplieran con los requisitos.

Esta última funge actualmente como analista profesional en la Delegación del organismo estatal en Solidaridad.

“Ya está lista (la denuncia) para presentarla ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Específicamente va en contra de Layla Lorena Flores Terrazas, quien fue la directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y Solangel Alonso Madrigal, quien fuera registrador”, dio a conocer el abogado Javier Tun Jiménez, representante jurídico del ciudadano Cayetano Nieto Colin, un hombre de 78 años de edad, víctima de despojo.

La denuncia penal anunciada también es en contra de Edgardo Alberto Díaz Aguilar, actual coordinador de Asesores del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo.

El señalado fue en su momento tesorero tanto de Tulum como del Gobierno del Estado, en la administración de Carlos Joaquín González, donde también fue recaudador de rentas del Servicio de Administración Tributaria.

“Él (Edgardo Díaz Aguilar) es el que encabeza esta mafia, porque solo una persona tan poderosa como él pudo haber ordenado a Layla Flores Terrazas, directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, junto con su registrador Alfonso Madrigal que se inscribiera tanto el contrato de compraventa privada que no cumplió con todos los requisitos”, afirmó el abogado.

Según los documentos exhibidos por el litigante, el contrato de compraventa fue oficializado ante el RPPC, a pesar de no contar con el pago del impuesto predial o el pago de agua potable. De igual manera, la oficina a cargo de Layla Flores inscribió también la subdivisión del pedio, pese a no tener la compatibilidad urbanística exigida por la ley.

En la subdivisión señala que participaron también Lorenzo Miranda Miranda, director de Desarrollo Territorial Urbano de Tulum, y Rubén Raciel Ek Cruz, director de Catastro.

“Fue ayudado dentro del Ayuntamiento por Lorenzo Miranda Miranda y Raciel Ek Cruz, achichincle de Lorenzo Miranda, para poder agilizar los papeles, que lo hicieron en tiempo récord, algo que con mis 25 años de litigante no había visto, en menos de 12 días hábiles todo ya estaba listo, ya estaban las subdivisiones, algo increíble”, dijo en conferencia Tun Jiménez.

La sexta persona es Denis Alaín Jiménez Santos, “en su calidad de empleado del Ayuntamiento, lo anterior porque en las escrituras públicas aparece que se presentó como Ejecutivo del Ayuntamiento de Tulum”.

Servidores públicos despojaron a anciano

El despojo que puso en la mira a varios servidores públicos es investigado por la Fiscalía General del Estado mediante en el expediente 8144/2022. La víctima es Cayetano Nieto Colín, un hombre de 78 años de edad que fue despojado “desde el escritorio” del predio San Arturo de 179 hectáreas, en el municipio de Tulum.

En esa carpeta están relacionados parejas de dos regidoras del Ayuntamiento de Tulum, que aparecen como beneficiarios de los lotes, que ahora busca recuperar Cayetano Nieto Colin.

Se trata de Alaín Jiménez Santos, esposo de la sexta regidora Paulina Yadira Malpica Yañez, quien es presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, quien ya fue citado a declarar.

“Es el primero que declara el día de hoy y el último que declara en este primer bloque es el Director de Catastro, Raciel Ek Cruz, quien declarará en el transcurso de la próxima semana”, adelantó.

El terreno, ubicado en el poblado de Francisco Uh May, fue subdivido para su venta mediante notarías de Yucatán, incluyendo la fe de un notario ya muerto, de acuerdo con el abogado, quien señala a Martín Atonay Sosa Cardeño y a Julián Cetina Burgos de haber orquestado el despojo con el apoyo de los funcionarios públicos.

“En primer lugar, vemos que de acuerdo a este organigrama que hice, el señor Edgardo Alberto Díaz Aguilar, al momento de hacer la subdivisión con el notario público en la ciudad de Mérida, 79, Anastacio Manzanilla Torres, lleva como copropietario, es decir como socio para la compra, Alberto Evia González”, detalló.

Edgardo Díaz Aguilar, es esposo de la octava regidora, Eva Rosely Rocha Geded. El ex funcionario de Carlos Joaquín tiene tres lotes. En uno es socio de Denis Alain Jiménez Santos (esposo de la sexta regidora Paulina Yadira Malpica Yañez) y otros dos de Alberto Evia González.