A partir de enero, todas las familias de Tulum deberán pagar el 5% de sus recibos de energía eléctrica para el alumbrado público, tengan o no calles iluminadas en sus colonias.

Disfrazado de Derecho, este es el primer impuesto ciudadano con una fórmula ilegal que busca implementar Diego Castañón Trejo, quien llegó en marzo a la presidencia municipal de Tulum.

Esta propuesta es uno de varios cambios en la Ley de Hacienda Municipal que fueron enviados al Congreso de Quintana Roo por el alcalde, que ha manifestado públicamente su intención de reelegirse en el cargo en 2024.

"Son sujetos a este derecho y están obligados a su pago, todas las personas físicas, morales o unidades económicas que reciben la prestación del servicio de alumbrado público por parte del Ayuntamiento de Tulum. Para estos efectos se considera que reciben el servicio de alumbrado público los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el territorio municipal", señala el artículo 143-Ter.

La reforma fue previamente avalada por el presidente y sus regidores y ahora está en manos de los diputados.

El documento define el servicio y mantenimiento del alumbrado público como la iluminación que el municipio otorga en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común, al igual que el mantenimiento y la ampliación de la red.

"El derecho por el servicio y mantenimiento del alumbrado público se causará anualmente y se pagará de forma mensual o bimestral, a razón de la tarifa equivalente al 5% del importe del consumo de energía eléctrica que conste en el recibo de pago de los usuarios a la Comisión Federal de Electricidad", dice el nuevo capítulo de la Ley de Hacienda de Tulum.

De esta manera, mientras más energía eléctrica consuma un hogar o un negocio más será el dinero que deberá pagar al municipio y no existe algún límite.

Una fórmula ilegal

La fórmula que pretende aplicar la administración de Diego Castañón Trejo en Tulum es ilegal, porque impone una tasa al consumo de energía eléctrica, un servicio que no es otorgado por el gobierno municipal sino por la Federación, a través de una empresa paraestatal.

Múltiples juzgados federales han confirmado de ilegales de tasar por parte de los Ayuntamientos el monto recibo de la CFE, porque en su caso, el único facultado para hacerlo es el gobierno federal.

Por ejemplo, en el caso de Benito Juárez, los habitantes pagan una cuota fija que se define en cada inicio de año. La cifra es calculada tomando en cuenta lo que gasta el Ayuntamiento al año a la CFE, y cuánto invierte en mantenimiento, para luego dividirse entre el número de hogares que existen en el municipio.

A diferencia de Benito Juárez, donde el 5% es el tope máximo que se puede cobrar en el recibo de luz de un hogar, en Tulum el actual gobierno quiere cobrar ese porcentaje sin decir cuánto es lo que gasta o invierte, realmente, en materia de alumbrado público.