21 de Septiembre de 2018

Opinión QRoo

Dos caras de la moneda

Con la firma del convenio entre el gobierno de Quintana Roo y la plataforma de reservaciones...

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Con la firma del convenio entre el gobierno de Quintana Roo y la plataforma de reservaciones de habitación digital Airbnb para el cobro del tres por ciento de impuesto al hospedaje a los usuarios de este novedoso servicio en el estado, se logró abatir parte de la polémica que rodea a esta empresa de la nueva era que por las condiciones particulares de su operación se ha ganado el rechazo del sector hotelero, al considerarla una competencia desleal. 

Y es que Airbnb es una empresa muy similar al polémico servicio de transporte privado Uber, ya que sin ser una cadena internacional ni contar con edificios ni predios propios, es actualmente la mayor empresa hotelera del mundo, sirviendo como enlace a propietarios de casas, cuartos y departamentos con usuarios de todo el globo que buscan pagar menos por su estancia en cualquier destino.

La empresa irrumpió con fuerza en México el año pasado, causando una tremenda preocupación entre los hoteleros, ya que los arrendadores de Airbnb, al no estar regularizados porque son casas privadas que no cuentan con empleados ni están sujetas a un régimen fiscal, están exentos del pago de los impuestos que por ley tienen que cubrir los hoteleros.

En Quintana Roo, las agrupaciones de hoteleros plantearon sus quejas al gobernador Carlos Joaquín González desde hace un año, con la solicitud de regularizar el servicio de Airbnb.

Tras un intenso cabildeo con los representantes de la empresa, esta semana se firmó el convenio por el que todos los usuarios de la plataforma tendrán que pagar el mismo impuesto al hospedaje que pagan los que se hospedan en los hoteles tradicionales, lo que además de generar un ingreso a las arcas estatales de al menos un millón de pesos mensuales, servirá como una base para la regularización de los propietarios arrendadores.

Con este paso, se liberó algo de presión en el sector hotelero, que espera que se siga caminando hacia integrar a la formalidad a estos nuevos negocios que empiezan a florecer en los destinos turísticos.

Caso contrario sucede con el atolladero de Uber, que lleva más de un año operando en Cancún sin regularización a la vista, conflicto que permanece encendido en gran parte por la incapacidad de la Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra) para lograr acuerdos entre los combativos taxistas, el gobierno y la empresa privada.

Airbnb y Uber son dos caras de la misma moneda, pero mientras una se ha convertido en una fuente de nuevos ingresos para la entidad, la otra sigue siendo una migraña incontrolable que va para largo.

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