Claudia Martín / Benjamín Pat / Ernesto Neveu / Daniel Pacheco
CANCÚN, Q. Roo.- La Procuraduría General de la República informó en un comunicado que difundió la noche de ayer, que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), aseguró de forma precautoria 25 inmuebles sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración de gobernador Roberto Borge Angulo. Lo anterior por considerarse objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Estatal, Catalina Saarvelia Portillo Navarro, confirmó vía telefónica, que los inmuebles asegurados habían formado parte del inventario del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE).

También te puede interesar: Asegura la PGR inmuebles vendidos por el gobierno de Roberto Borge

La medida precautoria decretada por el Ministerio Público de la Federación, forma parte de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril de 2011 y abril de 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del Gobierno estatal, señala el comunicado.

Por lo anterior –agrega-, el Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron, aproximadamente, al 6% de su valor comercial.

Así, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la PGR decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los cinco mil millones de pesos, indica el comunicado federal.

La noche del jueves, policías ministeriales, apoyados por elementos de la Marina Armada de México, cumplieron una orden del Ministerio Público, para revisar un inmueble en la calle de Cazón, en el primer cuadro de Cancún. Esta propiedad estaría relacionada con la carpeta de investigación de los 25 inmuebles asegurados.

Rafael del Pozo Dergal, titular de la Gestión Pública, dijo que su área ha estado colaborando con la PGR. “Apostamos porque los procesos se lleven de manera ordenada”, dijo.  

El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, por su parte dijo que finalmente se empieza a hacer justicia con lo que a todas luces ha quedado acreditado que es todo el manejo irregular que se hizo del patrimonio del estado. Recordó que durante la comparecencia de la directora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, dio muestras claras de cómo habían prácticamente rematado el patrimonio del estado.

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, Jorge Aguilar Osorio, y el secretario general de ese instituto político, Carlos Montalbán Colón, a través de sus cuentas de Twitter (@aguilarosorio y @carlosqroo, respectivamente), coincidieron al expresar que ojala exista resarcimiento del daño a las finanzas del estado y que se acabe la impunidad.

El pasado 16 de noviembre, el ex gobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016), fue denunciado por la Secretaría de la Gestión Pública ante la PGR y ante la Fiscalía General del Estado, por permitir la enajenación de terrenos de la reserva territorial del estado, a familiares y conocidos, a precios de remate o muy por debajo de su precio real. Entre los municipios en los que se vendió la mayor parte de la reserva se encuentra el de Benito Juárez.

Es importante resaltar que todo esto es parte de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades correspondientes que están haciendo un gran esfuerzo por encontrar vínculos de corrupción con las autoridades anteriores y en caso de ser culpables, meterlos a la cárcel y que cumplan una sentencia. El Partido Acción Nacional (PAN) estará atento y vigilante de que todo el proceso se lleve conforme a derecho y se castigue de manera ejemplar a los que violaron la ley. La sociedad exige castigo y el PAN respalda a la sociedad y en ese sentido, exigimos total transparencia sin negociación alguna, dijo Juan Carlos Pallares Bueno, dirigente estatal del blanquiazul.

María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Rivera Maya, opinó que (los ciudadanos) estamos tan desilusionados del actuar de nuestras autoridades, llámense municipales o estatales, que leer una noticia de estas nos devuelve "algo" de la credibilidad perdida. Ahora esperamos que no sea solo una simple nota distractoria para mañana, se archive y no se encuentre al o los culpables. La sociedad en su conjunto se siente muy lastimada al ver que pasan y pasan hechos negativos y no pasa nada; al tiempo, finalizó.