Evelin “N” sufre desde hace meses acoso por parte de un individuo que le envía videos pornográficos y le hace propuestas indecorosas, por lo que acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual inició una investigación.

Sin embargo, y pese a contar con una orden de restricción, Julio “N”, hijo de un policía municipal en activo de la isla, acudió hasta el centro de trabajo de la fémina, por lo que pidió apoyo policíaco. Tras ser detenido unas horas, el agresor fue liberado y volvió a molestarla; nuevamente fue arrestado y liberado por segunda ocasión. 

La juez cívico en turno, Jazmín Guadalupe Montalvo Pech, y los representantes del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género (Geavig) en Cozumel, no hicieron válida la orden de restricción de la FGE, por lo que el agresor no se presentó ante el Ministerio Público.

Evelin ahora teme por su vida, pues su acosador elevó el nivel de amenazas, ya que esta vez habló de asesinarla a ella y a sus dos hijos menores de edad.

El 7 de julio de 2017, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Cozumel, municipio en el que de enero a octubre del año en curso se han registrado 195 casos, tres más que en los 12 meses de 2021.

De acuerdo con la carpeta de investigación FGE/ QROO/COZ/1283/2022 que se abrió en septiembre de este año, desde 2021 Evelin viene siendo acosada por el individuo, quien la busca en su trabajo y le envía imágenes impropias, junto a mensajes de texto y voz en las que le hace propuestas indecorosas.

Hace unas semanas, la pareja sentimental de su acosador descubrió estos mensajes, y en vez de reprocharle a él, inició una campaña de agresión y amenazas contra la víctima.

El último episodio de acoso de amenazas

Fue el domingo por la tarde, por lo que Evelin solicitó la presencia de una patrulla en el cruce de las avenidas Gonzalo Guerrero y 30.

Lo que se pudo averiguar es que el acusado sólo estuvo preso por unas 4 horas, pagó una multa de mil 444 pesos por alteración del orden público, según la denunciante, gracias a que se le favoreció en todo momento.

Este caso no fue asentado en el libro de gobierno, donde la denunciante mostró el documento emitido por la FGE, lo que permitió que el presunto quedará libre para, de inmediato, amenazarla de muerte en compañía de su hermano identificado como Adonai “N”.

Del caso ya tuvieron conocimiento las funcionarias que representan al Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, quienes ya investigan y apoyan a la víctima.