Los empresarios de Chetumal exigen mayor transparencia del presupuesto que se asigna a las campañas políticas, pues se desconoce de forma detallada en qué se aplica el recurso público, que para el próximo año los partidos políticos se alistan para gastar más de 70 millones de pesos.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) delegación Chetumal, comentó que por ley se hace la asignación de presupuesto para gastar en las campañas políticas para la jornada electoral de 2021.

Es por lo anterior que también debe haber mayor exigencia por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos que se ven beneficiados con los recursos públicos tengan la obligación de transparentar cada peso que se gaste, es decir en qué se gasta.

“Que nuestros esquemas de designación de recursos, deben ser más transparentes, la Ley está muy cerrada para transparentar esos procesos a la sociedad y cae en manos de las comisiones correspondientes tanto de los Estados como de la Federación  y eso ha generado una gran duda de esos montos”, dijo quintal Jiménez.

Ieqroo asignó 70 millones de pesos para los gastos de campaña política en 2021

De igual forma, el líder empresarial local dijo que se debe promover más la inclusión de la población para participar como candidatos, como el caso de los independientes, pero que se tenga una mayor porción del presupuesto, pues la gran parte son para los partidos políticos.

“Debe promoverse una participación de los sectores organizados de la sociedad, en estos procesos de designación para poder evaluar que realmente se está cumpliendo la justa proporcionalidad y permita en consecuencia la posibilidad de participación libre de aquellos que así deseen hacerlo en los procesos”, recalcó.

En cuanto a lo que se dio a conocer por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) de un proyecto de presupuesto autorizado de 70.9 millones de pesos para el gasto del próximo año de los partidos políticos, se debe permitir que la misma sociedad evalúe y emita opiniones sobre esos montos de gasto del recurso público y que sean considerados para hacer posibles modificaciones.