En las elecciones del 1 de julio hay mucho en juego: nuevo Presidente, 128 senadores, 500 diputados federales y 2 mil 818 autoridades locales (entre ellas ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México). Históricas, no solo por la cantidad de puestos públicos, sino por la reelección permitida y la participación copiosa de independientes.

Desde diversos ámbitos coinciden en que se debe exigir a candidatos, partidos y coaliciones, sin importar ideologías o compromisos. Hay retos claros. Metas también. Entre las posturas ya conocidas, destaca la de Coparmex Cancún, presidida por Adrián López Sánchez.

La Confederación expone: “Seremos un espacio de propuesta y de exigencia que permita que, independientemente de quienes resulten electos, posicionemos en la agenda pública los temas más necesarios para generar empleos y oportunidades para todos los mexicanos”.

Cita cuatro temáticas medulares: la corrupción; la seguridad y la justicia; el crecimiento redistributivo, así como la educación para la diversificación económica. Los dos primeros se han instalado en el centro del debate nacional desde hace tiempo; los dos restantes, le compete directamente a este organismo de corte empresarial.

En torno a la corrupción, las cifras no dejan dudas del tamaño desafío: cada año el 12.6% de los mexicanos es víctima de la corrupción al realizar un trámite gubernamental; asimismo, el 47% tiene algún conocido víctima de ella. Son cifras del INEGI. Por obvias razones, dicho problema genera cuantiosos costos para los negocios y pérdidas a veces incuantificables para el erario.

Acerca de la seguridad y la justicia (otro tema país), se torna impostergable la lucha contra la impunidad. La falta de justicia y la inseguridad están provocando millonarias pérdidas económicas, pero también descontento social, expresado de la peor manera.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, unas 28 mil personas fueron asesinadas el año pasado, lo cual significa un 25% más que en 2016.

Respecto a lo que llaman “crecimiento redistributivo”, citan: “Nuestro país ha crecido a 2.1% promedio en los últimos tres años, mucho menos del 6% que se ofreció desde el Gobierno federal, cuando se aprobaran las reformas estructurales al inicio de este sexenio”.

Nadie podría en desacuerdo, cuando ese 2.1% de crecimiento se distribuye muy desigualmente, favoreciendo a ciertas entidades y a ciertos estratos sociales.

Y en relación a la educación para la diversificación económica, fijan su atención en el progreso educativo y en la capacitación, tanto de alumnos como de maestros. Otra vez, en acuerdo y coincidencia con múltiples instancias.

En un arranque de año, sobre todo electoral, estas directrices no deben extraviarse por el bien del estado y su gente.