A partir de este jueves, entran en vigor nuevas disposiciones en materia penal que aumentan los castigos para personas que cometan delitos patrimoniales y de la familia, contra la población mayor de 60 años.

Las reformas aprobadas por el Congreso del Estado en mayo pasado, son a favor de la protección de las personas de la tercera edad que hayan sido víctimas de delitos como robo, violencia familiar, abigeato, delitos contra la apicultura, fraude, entre otros.

Ayer fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la adición de dos artículos al Código Penal local que aumentan la pena en una tercera parte contra quien hayan cometido dichos ilícitos si la víctima fue una persona mayor de 60 años.

Por ejemplo, por el delito de robo simple son seis años máximo de cárcel que impone la norma penal. Con la nueva disposición, en caso de que se cometa contra una víctima mayor de 60 años, se podría alcanzar hasta ocho años de prisión, por los dos años más que agrava la nueva disposición.

El Código Penal de Quintana Roo, a partir de este jueves, tiene dos nuevos artículos en vigor: el 166 bis y 177 quáter, este último sobre pena de violencia familiar.  Ambos contemplan mayores sanciones contra las personas que atenten contra la población de este sector.

En la exposición de motivos de los legisladores que promovieron la iniciativa de adición de ley a principios de este año, explicaron que la reforma busca que la población se desista de cometer delitos contra las personas mayores de esta edad porque se encuentran en un estado mucho más vulnerable, que el resto de los habitantes.

En Quintana Roo, se ha vuelto común que muchos sujetos acostumbren apoderarse de los bienes de los adultos mayores, debido a que no tienen forma de defenderse.

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población, en la entidad viven más de 111 mil 716 personas mayores de 60 años. De este grupo, el 40% sufre algún tipo de maltrato, muchas veces venidas de algún familiar, razón por la cual el legislador urgió mayor protección.