Más de 17 mil familias se encuentran en la lista de espera para regularizar sus predios, ubicados en asentamientos irregulares. Sin embargo, no todos lograrán tener acceso a este programa en el que también participa la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

Armando Lara De Nigris, titular del organismo, reconoció que se ha incrementado la demanda de este programa que busca brindar certidumbre jurídica a los predios que han adquirido en el pasado las personas, lo que además les permite acceder a infraestructura básica como luz, agua y drenaje.

“Lamentablemente, vamos a tener que depurar esa lista de espera, pues muchos han fallecido, o simplemente se fueron a otro Estado, abandonaron el predio, se reveló que el asentamiento pertenecía a otra persona, o recibió de un tercero el contrato de compra, volviéndose inviable para este programa de apoyo de vivienda”, declaró el funcionario estatal.

Sentenció que algunos se registraron desde hace más de 15 años sin que se pueda resolver su tema, porque los terrenos donde se encuentran aún están en litigio o no se han desincorporado del dominio ejidal.

Pero la mayor parte de las solicitudes, más de la mitad, se presentaron en los últimos dos años, precisamente por el éxito registrado por el programa antes mencionado.

Aunado a esto, declaró que próximamente van a dar a conocer un nuevo proyecto en el que ofrecerán lotes con infraestructura, con el que se pretende frenar las ventas irregulares de terrenos que por diversas circunstancias no se pueden regularizar y en consecuencia tampoco pueden garantizar certeza legal sobre la tenencia de la tierra.

Mencionó que comenzarán en Puerto Morelos y en Tulum, que es donde hay más reserva territorial y donde se ha detectado una mayor necesidad de vivienda y así contribuir al desarrollo urbano sustentable, a través de la oferta de estos espacios habitacionales.

Respecto a los demás municipios, comentó que serán poco a poco añadidos al programa, para que más personas puedan acceder a estos lotes que incluyen acceso a agua potable, pavimentación, energía eléctrica y banquetas, con una medida de seis por 18 metros como establece la regulación de vivienda vigente en Quintana Roo.