Fernanda Duque/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Un total de 104 Estancias Infantiles en Quintana Roo están en riesgo de desaparecer porque el gobierno federal congeló el pago de subsidios de los cuatro mil niños que se benefician, dejando a los centros sin recursos para atenderlos.

Las docentes -que prefirieron permanecer anónimas- explicaron que por cada niño inscrito, la dependencia les entregaba una beca de 950 pesos, recurso que representa un 50% del gasto de operación de las 104 estancias de la entidad.

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El resto lo aportaban las maestras y los padres de familia, quienes pagaban dependiendo de su situación económica.

“¿Ahora cómo vamos a salir adelante? La pintura, los permisos, las sillitas, el seguro de vida de los niños y otros gastos salen de nuestros bolsillos”, dijeron las entrevistadas, quienes aseguraron sentirse desconcertadas sobre los cuestionamientos al programa que este 2019 cumple 12 años.

De acuerdo con las maestras, nadie les advirtió de este cese debido a que el último pago que recibieron fue en diciembre pasado, mes en que se tenían que publicar las reglas de operación del programa para su reafiliación.

Ante la falta de recursos se solicitó apoyo a los padres de familia para contribuir con despensa para las tres comidas calientes que diariamente se preparan para los menores, además de otros artículos de limpieza.

“Hay papás que nos traen una reja de huevo, verdura, fruta, aceite; pero hay otros que su situación económica no lo permite, por ejemplo, hay una mamá que me dio medio kilo de azúcar y para mí es muy valioso porque no tiene mucho y lo que tiene lo da para la estancia de su hija”, dijo entre lágrimas una de las docentes de Cancún.

La mayoría de los padres de los niños que asisten a las estancias tiene un ingreso de entre mil 500 y dos mil pesos a la quincena, y son madres solteras o familias cuyo sostén recae en una sola persona.

Las maestras aseguraron que tratarán de lidiar con esta situación lo más que puedan, sin embargo, para evitar cerrar no descartan convertir sus guarderías en privadas, pero afirman que sería su última opción debido a que buscan el bienestar de los menores.

“Dónde van a quedar esos niños, los papás tienen que trabajar y corren el riesgo de que los dejen solos, lo que los expone a accidentes o peor, que alguien pueda abusar sexualmente de ellos”, señaló una educadora, quien afirmó que si existe duda sobre su labor, están dispuestas a tener supervisiones más rigurosas a cambio de que continúe el programa.

Al respecto, Johnny Monsreal Padilla, encargado de despacho de la delegación de la Secretaría del Bienestar en el estado, mencionó que hasta el momento el gobierno federal no les ha entregado las reglas de operación del programa, por lo que no saben qué cambios tendrá.