20 de Septiembre de 2018

Chetumal

Continúan ex funcionarios de la zona maya interponiendo amparos

En noviembre el juez determinará si se otorga la protección federal al ex servidor público

Juan Carlos Zapata Cabrera interpuso un amparo para evitar la orden de aprehensión.
Juan Carlos Zapata Cabrera interpuso un amparo para evitar la orden de aprehensión.
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Benjamín Pat/SIPSE

Q. Roo, FELIPE CARRILLO PUERTO.- Juan Carlos Zapata Cabrera, ex secretario general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto acudió nuevamente a los juzgados federales para promover otro recurso de amparo contra actos privativos de la libertad.

El ex funcionario de la zona maya interpuso ante el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chetumal, el juicio de amparo indirecto que quedó registrado bajo el expediente número 723/2017.

De esa manera, Zapata Cabrera controvierte una vez más actos del Juez de Control de Felipe Carrillo Puerto y otras autoridades, específicamente en lo referente a la orden de aprehensión, localización, presentación o detención que haya sido dictada en su contra y su ejecución.

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El Juzgado Federal admitió la demanda y fijó el próximo 17 de noviembre como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, donde se determinará si se otorga o no a Zapata Cabrera la protección de la justicia federal.

“Establecida la procedencia de esta medida cautelar, debe precisarse, que, por una parte resulta procedente negar la suspensión provisional respecto a la omisión de ser llamado a juicio; y por otra parte, se concede la suspensión provisional solicitada por el quejoso, en los términos que se precisan en este proveído”, publicó la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Apenas esta semana, Gabriel Carballo Tadeo, ex presidente municipal; Rafael Chacón Alcocer, ex secretario particular; e Hilario Valera Chan, ex coordinador de Desarrollo Agropecuario realizaron el mismo trámite.

Los cuatro enfrentan dos denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 2016 así como de la revisión complementaria a la Cuenta Pública 2015.

Según los expedientes presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los señalados incurrieron en actos probablemente constitutivos de delito y que provocaron un daño patrimonial a las finanzas del municipio por un monto superior a los 24 millones de pesos.

 

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