Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Rafael Manuel Ponce Pacheco, ex tesorero, Gabriela Rodríguez Gálvez, ex oficial mayor, y Carmen Leticia Can Marmolejo, ex titular de la Dirección de Egresos, funcionarios de la administración de Paul Carrillo de Cáceres, deben solventar cerca de 130 millones de pesos y para ello la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) inició el procedimiento de responsabilidades resarcitorias.

La administración de Carrillo de Cáceres tuvo tres tipos de auditorías en 2016: Obra Pública, Desempeño y Financiera, esta última tuvo observaciones en las cuales los responsables de solventarlas son los ex funcionarios antes señalados y no el Ayuntamiento, explicó Manuel Palacios Herrera, titular de la Aseqroo.

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“Hubo una coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ellos revisaron que el Ayuntamiento cumpliera con las observaciones hechas por la Aseqroo en lo que compete a Obra Pública”, explicó Palacios Herrera.

Otro de los ex funcionarios que tenía pendientes por comprobar de acuerdo con la auditoría de la Aseqroo era el titular de la Dirección de Ingresos, Hugo Favio Bonilla Iglesias, quien al inicio de la administración de Remberto Estrada Barba, fue denunciado por el delito de daño patrimonial por 48 millones de pesos, por cobros indebidos en el impuesto predial.

Un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el punto quedara como fue presentado en su momento, de esa forma el tema fue resuelto.

Palacios Herrera dijo que en lo que compete a la auditoría al Desempeño lo revisado fue la disposición de los residuos sólidos en la que Benito Juárez, su relleno sanitario fue de los mejores calificados en el plano nacional.

En julio de 2017 hubo un cambio en la Ley de la Auditoría Superior del Estado que ahora es Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas en la que cambiaron periodos y formas de auditar, procedimientos y fechas de entrega, por ello el periodo de fiscalización fue ampliado, por lo que aún está en proceso de la auditoría de Benito Juárez que concluye hasta el próximo 20 de febrero, con la presentación del informe respectivo al Congreso Local.