CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía Anticorrupción exhibió con un comunicado las omisiones en las que incurrieron Mayra San Román Carrillo Medina, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, y los consejeros electorales locales al permitir que un ciudadano inhabilitado para ser servidor público se haya desempeñado por 10 meses como Primer Regidor del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

La pifia fue dada a conocer por el organismo autónomo el día ayer mientras San Román rendía su informe anual informe de labores. El boletín distribuido a los medios de comunicación, si bien sólo versa sobre la vinculación exitosa contra el infractor, implica indirectamente a la consejera presidenta y a aquellos que permitieron la llegada del infractor al puesto de concejal.

Todos ellos debieron verificar que los candidatos de la elección 2018 cumplieran con los requisitos de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre los que destaca el no estar inhabilitados a nivel estatal o local.

El artículo 59 de la mencionada legislación, aplicable en Quintana Roo, establece que:

“será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

A pesar de ello y estando registrada su inhabilitación en el Sistema de Consulta de Servidores Públicos Sancionados, el ciudadano inhabilitado F. K. G. obtuvo el registro ante el Ieqroo y tomó protesta como miembro del cabildo el 30 de septiembre de 2018 cuando todavía pesaba sobre él una sanción, hecho que la Fiscalía ha tipificado ante el juez como ejercicio indebido del poder.

La inhabilitación el ciudadano lazarocardense fue registrada en el Padrón de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Contraloría (Secoes) el 10 de octubre de 2014 con una vigencia de 5 años, es decir, venció el 14 octubre del año pasado. Incluso se le impuso una multa de 433 mil 400 pesos.

Por tanto, el juez de control encontró indicios para sujetar a proceso al regidor, quien tendrá que acudir a firmar cada 15 días, como medida cautelar, en lo que continúa su juicio.