COZUMEL, Q. Roo.- Usuarios de transporte marítimo exigen a diputados y senadores de Quintana Roo frenar los abusos que cometen a diario Ultramar y Winjet, empresas que cubren la ruta federal Cozumel-Playa del Carmen. 

Ante la falta de acción de la Capitanía de Puerto, Marco Antonio Loeza Méndez, empresario y ex regidor, puntualizó que son estos funcionarios los responsables de parar de manera definitiva los abusos de las navieras. 

Los habitantes de la isla se enfrentan a tarifas exorbitantes, pésimo servicio, sobrecupo, quebrantamiento de las reglas básicas de sanitarias contra el coronavirus y los retrasos en los horarios de salida como los que se dieron ayer. 

La Capitanía de Puerto no ha respondido a las solicitudes de entrevista sobre el tema para conocer cuáles son las acciones de tipo administrativa o disciplinaria que se han iniciado. Ayer en redes sociales usuarios del servicio se quejaron de que Ultramar hizo cambios en sus salidas con destino a Playa del Carmen sin previo aviso y hasta con 90 minutos de retraso, lo que ocasionó molestias y afectaciones a los pasajeros. 

Loeza Méndez fue uno de los miles de usuarios que se vio afectado y lamentó que Ultramar y Winjet tengan cautivos a los habitantes y visitantes de Cozumel. “Somos verdaderos prisioneros de estas empresas”, externó. 

En su opinión los 10 legisladores federales, siete diputados y tres senadores, son los que tiene el poder y la obligación de velar por los intereses de los isleños y los quintanarroenses, pero hasta la fecha no ha podido o no han querido hacer nada para detener los abusos. 

Las redes sociales han sido hasta este momento la única herramienta en la que los usuarios de las navieras han podido utilizar para hacer público las malas prácticas que se dan. 

Una de estos fue Ana Paula de la Torre Cámara, Reina del Carnaval 2015, quien el fin de semana denunció con fotografías la forma en la que Ultramar transportaba a sus pasajeros por la venta desmedida y sin control de los boletos. 

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, sin embargo, la Capitanía de Puerto y la Secretaría de Marina Armada de México en la isla no han emitido su postura sobre estas irregularidades.