14 de Diciembre de 2017

Cancún

Experimenta el comercio informal "boom" en Cancún

El 60% de los que trabajan en la ciudad (161 mil) lo hacen en el ambulantaje.

Ante el creciente desempleo
en el país muchas personas
deciden invertir en algún
negocio para poder sobrevivir. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reforma laboral traerá beneficios. (Redacción/SIPSE)
Ante el creciente desempleo en el país muchas personas deciden invertir en algún negocio para poder sobrevivir. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reforma laboral traerá beneficios. (Redacción/SIPSE)
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Abigail Becerra/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Benito Juárez hay más de 161 mil personas que tienen trabajo informal, situación que se acerca a la estimación nacional de que por cada 10 trabajadores, seis están dentro del ambulantaje, dijo Rogelio Márquez Valdivia, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

 
Márquez Valdivia aseguró que el 60% de las personas económicamente activas se encuentran dentro del empleo informal.
 
Comentó que desafortunadamente son personas que no gozan de los derechos que tienen todos los demás trabajadores. Las pagadoras tienen que ver con el engaño, ya que hacen creer a las personas que están dentro del mercado formal y no es así; en algunos casos ingresan a sus empleados al Seguro Social con un sueldo menor al señalado, lo que podría provocar un conflicto entre las partes y a la vez poner en riesgo a los empresarios.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2011 se contabilizaron 161 mil 288 personas dedicadas al trabajo informal, lo que corresponde al 24.5% del total de la población registrada hasta el último censo del 2010, es decir, 661 mil176 habitantes en el Ayuntamiento de Benito Juárez.
 
En el estado hasta octubre del 2012 se contabilizaron 445 mil 822 personas dedicadas al comercio informal, según datos proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, reportando más en comparación con todo el 2011 en donde fueron registrados 348 mil 627 personas dentro de la informalidad, según el Inegi.
 
Márquez Valdivia agregó que entre la simulación y el trabajo informal se estima una pérdida de 52 mil millones de pesos por evasión fiscal por estos dos conceptos en el país, y aunque no dijo la cantidad para Quintana Roo, dijo que se calcula una cantidad importante para este destino turístico.
 
Sin embargo, para atenuar esta situación el delegado federal dijo que se están instrumentando una serie de programas dirigidos a la población en la que explique el riesgo de la simulación, aumento de la inspección conjuntamente con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y solicitar auditorías de varios institutos como el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, Infonavit, Migración e incluso de la Procuraduría General de la República.
 
Márquez Valdivia señaló que algunos factores involucrados en el empleo informal son la falta de capacitación y profesionalización de los trabajadores, ya que los empleadores no se arriesgan a realizar contrataciones formales, situación que espera se revierta con la Reforma Laboral, ya que aumentará el trabajo formal muy importante en el estado.
 
Consideró que una vez operando con la nueva reforma, todas aquellas empresas no den cumpliendo fehacientemente a lo que establece la propia ley, haciendo referencia a las empresas simuladoras, habrá sanciones hasta por cinco mil salarios mínimos, es decir, 295 mil pesos, cuando en la actualidad se sancionaba con 315 salarios mínimos.
 
Así que con notificación, conocimiento y causa las empresas decidirán si cumplen o no las disposiciones, apuntó.
 
El funcionario no sólo señaló las causas económicas del empleo informal, sino que in-formó las sociales, ya que este tipo de ocupación está altamente relacionado con la trata de personas, la explotación de menores, en la que se han instrumentado operativos en coordinación con otras autoridades.
 
Además de incursionar en la Reforma de la Ley de Inmigración, ya que para efectos de trabajo está determinado que cada empresa no puede rebasar el 10% de trabajadores extranjeros; sin embargo, han detectado lugares que ignoran esta y otras disposiciones.
 
Enoel Pérez Cortez, procurador general de la Defensa del Trabajo, explicó que un inconveniente de algunos habitantes para conseguir trabajo en el estado es la falta de estudios y de muchos extranjeros la falta de documentos que los enrola al trabajo informal, otro es la burocracia en las leyes mexicanas para entregar permisos para establecer negocios propios bien constituidos, lo que coloca no sólo al estado sino México como uno de los países donde es más difícil invertir.
 
Aunado a que los mismos municipios y sindicatos son generadores del empleo informal, otorgando o gestionando permisos que ellos mismos regulan, y por un mínimo pago mensual los dejan operar en las calles, concluyó.

 

(Edición: Rafael Pérez)

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