Ernesto Neveu/SIPSE

CHETUMAL, Q.Roo.- Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos: las patrullas de la Policía Municipal Preventiva (PMP), decenas de gendarmes, agentes de la Policía Judicial del Estado, agentes del Ministerio Público del Fuero Común, civiles en camionetas sin rótulos, pero con machetes y motosierras en mano y una orden judicial de desalojo que nunca les fue mostrada a alguna de las alrededor de 120 familias que, con derecho o sin él, habían fincado un pequeño patrimonio en terrenos supuestamente ejidales denominados “La Franja” y que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (Ipae) reclamó como suyos de acuerdo con el expediente 1496/5-2011 integrado por el delito de despojo.

 

Efectivos de la Policía Municipal conminaban a los moradores de las endebles viviendas de palos y láminas para que sacaran sus pertenencias, entre llantos de niños y reclamos de mujeres, por lo que consideraron un atropello. Los varones, en su mayoría jornaleros, todavía se encontraban en la faena cotidiana. Eran las 13:30 horas y la maquinaria pesada comenzó a llegar.

 

Los uniformados, al mando de Gumersindo Jiménez Cuervo, mantuvieron a los colonos a raya, hasta que una mujer, de nombre Sonia Eugenia Robles Cortez se extralimitó en sus reclamos, agrediendo verbalmente a los policías.

 

Una vez que la mayoría de las viviendas quedaron vacías, dos retroexcavadoras entraron en acción, a la par que los hombres con motosierras, ante las atónitas miradas de decenas de familias, que se abrazaban entre sí, tratando de calamar a los niños que estallaron en llanto cuando comenzó la demolición.

 

El operador de la primera máquina se dirigió a la casa que tuvo al alcance, pero fue de inmediato advertido de parar, porque en el interior había una señora que se negaba a dejar sus pertenencias. 

 

Luego una a una fueron cayendo las viviendas, dejando enseres de cocina, algunos muebles, cubetas hamacas y ropa a la intemperie, mientras que las señoras se aprestaban a jalar y amontonar las láminas de los rústicos techos, luego de ceder a las embestidas de la maquinaria pesada.

 

La gente seguía exigiendo que la autoridad ejecutora exhibiera papeles que acreditaran el derecho de arrasar con su escaso patrimonio, pero las máquinas no pararon.

 

“No tenemos dónde vivir, llegan los judiciales y nos sacaron a empujones. Qué más podemos esperar del gobierno, esto estaba todo enmontado, lleno de delincuentes. Buen gobierno que tenemos, ¿cuál apoyo?, ¿cuál ayuda para la familia?”, declaró José Antonio Manrero, de oficio albañil, padre de tres niños pequeños y pareja de una joven mujer embarazada. Toda la familia lloraba mientras echaban abajo su paupérrima vivienda.

 

El proceso se alargó por más de tres horas, y la maquinaria y los hombres con motosierra pasaban de un predio a otro, derrumbando todo a su paso, bajo la supervisión de dos inspectores del Ipae que, por cierto, se negaron a brindar cualquier tipo de información, argumentando que de un momento a otro llegaría la directora de Comunicación Social de la dependencia, Michelle Dávalos Aguirre.

 

Los policías se encargaban de impedir el paso a las familias hacia los puntos donde se llevaban a cabo las demoliciones, aunque en un descuido una joven mujer con un bebé en brazos se atravesó por el costado de una retroexcavadora y estuvo a punto de ser arrollada en su precipitada acción.

 

Varias de las mujeres que la flanqueaban se exaltaron y empezaron a proferir insultos a los uniformados que intentaban retirar a la joven madre, por lo que arrestaron a una de las agresivas damas, la esposaron y la retiraron del lugar.

 

“Son tierras que le correspondían al ejido cuando se hizo una expropiación de 350 hectáreas y el IPAE lo sabe. No pudieron demostrar que el predio era suyo. Nosotros tuvimos posesión desde hace diez años y qué curioso que ahora que nos estamos instalando dicen que es de ellos. Una cláusula de la expropiación que se hizo establece claramente que si las tierras no se ocupaban después de cinco años, regresaban a poder del ejido Calderitas. ¿Cuánto tiempo tienen estas tierras y nunca las ocuparon? ¡Que traigan sus documentos, que muestren uno que diga que estas tierras son del gobierno y nos salimos! Pero no pudieron hacer. Hoy llegan con policías, motosierras, maquinaria y hasta periodistas y simplemente nos echan, sin mostrar ningún papel”, declaró Yara Dinorah Flores Cortés, ejidataria.

 

Al cabo de un rato, cerca de las 15 horas llegó la jefa de prensa del Ipae, Michelle Dávalos, quien brevemente deslindó a la dependencia de los actos de desalojo, y afirmó que se trataba de un procedimiento ordenado por un juez y ejecutado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, apoyados por personal de la Policía Municipal Preventiva.

 

Don Alfredo Flores Casanova exhibió documentación expedida por el Juzgado Primero Civil en abril del año pasado, donde se le acredita la posesión del predio donde levantó su choza y que estaba a punto de correr la misma suerte que las otras.

 

“Fuimos a Derechos Humanos y nos dijeron que teníamos un plazo para probar la posesión del predio, pero no quisieron venir. Dijeron que no podían intervenir”, afirmó, resignado a perder su escaso patrimonio.