La iniciativa de pin parental es un retroceso educativo en Quintana Roo que provocaría más embarazos adolescentes no deseados y, por ende, un incremento en el número de abortos clandestinos en la entidad, aseguró el colectivo Marea Verde.

Yunitzilim Rodríguez, integrante de la agrupación feminista, aseveró que la propuesta del diputado Eduardo Martínez Arcíla, del Grupo Parlamentario del PAN, violenta los derechos de niñas y niños a una educación de calidad.

¿En qué consiste la iniciativa pin parental?

La iniciativa busca que los padres de familia puedan decidir si sus hijos acceden a ciertos contenidos educativos, particularmente los relacionados género, feminismo o diversidad sexual, al considerarlos “intrusivos” para los menores.

Rodríguez apuntó que para 'Marea Verde' resulta incongruente que uno de los argumentos para no despenalizar el aborto sea el uso de anticonceptivos y, por otro lado, se busque inhibir la educación sexual en los niños y jóvenes.

“Quintana Roo tiene un grande problema de salud pública y derechos humanos. Así se ha establecido en distintos diagnósticos y estadísticas. Uno de los grandes hallazgos de los estudios es que la violencia de género, específicamente la violencia sexual es un factor relevante en los embarazos no deseados. En Quintana Roo tenemos 173 casos hasta 2017 de embarazos de niñas entre 10 y 14 años”, expuso.

México, primer lugar en casos de abuso sexual infantil: OCDE

Apuntó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país a nivel mundial en casos de abuso sexual infantil, por lo que es necesaria la educación integral de la sexualidad.

“Es necesario que las y los menores conozcan sus derechos, conozcan las partes de su cuerpo, tengan herramientas para detectar a las personas que las pueden orillar a guardar los “secretos” de abuso sexual”, dijo.

La también académica de la Universidad de Quintana Roo refirió que la idea de que los menores son propiedad de los padres crecen sin las herramientas para defenderse ante situaciones de abuso.

La iniciativa del Pin Parental, que aún no ha sido respaldada abiertamente por las bancadas, plantea la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o la posibilidad de no asistir, cuando no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.