Las primeras denuncias interpuestas por el gobierno estatal ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) por el remate criminal de la reserva territorial de la entidad han empezado a caminar tras cocerse a fuego lento por varios meses, arrojando como resultado hasta el momento cuatro implicados detenidos, aunque sólo tres permanecen tras las rejas.

Las autoridades estatales ejecutaron dos órdenes de aprehensión; la más cacareada fue la del ex secretario de Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo, y posteriormente detuvieron a su sucesora en el cargo, Paulina García Achach, quien sin embargo recuperó su libertad en unas cuantas horas por determinación del juez, esto tras entregar como garantía propiedades con un valor de entre 18 y 20 millones de pesos.

Por su parte, la PGR también colaboró indirectamente en este proceso legal al detener en España a los empresarios José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, acusados por particulares de vender terrenos de forma duplicada en Puerto Morelos, al parecer con el visto bueno del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

Si bien estas detenciones no son producto de las denuncias penales interpuestas por el gobierno estatal, al estar relacionadas con la red de corrupción del ex mandatario dan el indicio de que la justicia federal también empieza a mover su lentísimo brazo contra Borge y sus secuaces.

Por lo pronto, la Fiscalía local adelantó que en los próximos días habrá más detenciones de ex funcionarios, aunque también ha reconocido que los delitos que se les imputan tienen un castigo menor en la entidad por la amabilidad del Código Penal para con los servidores públicos corruptos.

Y mientras se redactan las órdenes de aprehensión, en el Congreso local dominado por la alianza PAN-PRD se alistan para una ofensiva final contra los magistrados del Teqroo Víctor Vivas, Vicente Aguilar y Nora Cerón, y el ex alcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, delegado federal de la Sedatu, quienes serán sometidos a juicio político.

Lo peor que les podría pasar es perder el cargo y una inhabilitación por varios años, aunque esto aún está por verse.

El ambiente político está bien calientito por estos procesos en puerta, de cuyos resultados dependerá en buena medida la legitimización del “gobierno del cambio” ante los quintanarroenses, que esperan mucho más que un simple jaloncito de orejas. Ya veremos.