La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 82/2018, sobre la violación e incumplimiento por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad prohibidos en otros países, en contra de las autoridades federales por actos y omisiones en perjuicio de la población en general.

La recomendación indica que hay cerca de 4 mil registros sanitarios de pesticidas de alta peligrosidad con vigencia indeterminada en México, muchos de los cuales se encuentran prohibidos en otras partes del mundo, tanto por su toxicidad como por estar regulados en mecanismos internacionales como son los Convenios de Rótterdam y de Estocolmo, a los que el gobierno mexicano está adscrito hace más de una década, violando el principio precautorio que rige en materia de protección al medio ambiente y a la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes (COP).

De acuerdo con el Informe sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, están autorizados 183 ingredientes activos de estos plaguicidas para distintos usos como agrícola, doméstico, jardinería e industrial. En cuanto a las características de su peligrosidad para la salud humana encontramos que casi la tercera parte, 63 ingredientes activos, tienen una toxicidad aguda alta (34.43%), según la clasificación de la OMS 1A y 1B, más los que pueden ser mortales por inhalación y que no están incluidos en esta clasificación.

Considerando la toxicidad crónica, están autorizados 43 plaguicidas probables causantes de cáncer en humanos (23.50%) según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos; 35 plaguicidas considerados como perturbadores endocrinos (19.13%) según criterios del Sistema Global Armonizado aceptados por la Unión Europea; 21 plaguicidas que son tóxicos a la reproducción humana (11.48%) y dos que son mutagénicos.

Además, en la recomendación emitida por la CNDH se indica que México no cuenta con un listado oficial de plaguicidas de alta peligrosidad, dejando a la población en una situación de peligro y con una Cofepris incapaz de levantar los análisis y estudios, que se requiere por acuerdo internacional, para declarar la ingesta diaria admisible…

Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros

Las mesas de trabajo entabladas por la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, (UNAI), con diversos expertos y académicos en temas de sargazo e innovación tecnológica, dieron como resultado 23 acuerdos específicos, entre ellas, la creación de un fideicomiso privado de empresarios, que impulse el financiamiento de proyectos para el país, fondo que será coordinado por Francisco Eneas Pérez.

El presidente de Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, (UNAI), Eduardo Sánchez Anaya, destacó la importancia de contar con este fideicomiso, financiando por el empresariado dado que esto impulsa la motricidad económica del país y a su vez permite contar con tecnología para atender temas puntuales que hoy aquejan a la nación ya se en ámbito ambiental, industrial o en el que se requiera.

Agregó que entre los 23 acuerdos alcanzados, se encuentra el tema del sargazo, en el cual durante los foros sobre desarrollo sustentable que se han realizado en diversos puntos del país han presentado proyectos como el “Vehículo Ecológico Sargacero” y el “Cañón Térmico”, diseñado por un especialista de la UNAI, destacando que la importancia del convenio que se tiene con la Semar y la Sedena, para atender el problema de la macro alga.

Sánchez Anaya, también destacó que de manera consensuada se acordó que la semana próxima solicitaran a Fonatur aclare bajo qué términos se asignó el contrato para los estudios de ingeniería del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, esto en razón a que no existen los estudios de impacto ambiental para ello.