En el 2022, el 82 por ciento de la población de Cancún consideró sentirse insegura en su propia ciudad, ubicando a este polo turístico en el segundo lugar de las ciudades más inseguras del país, según datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La encuesta reveló además en qué zonas se sienten más inseguros los cancunenses, tales como los cajeros automáticos en espacios públicos, es decir, los que no se encuentran dentro de centros comerciales o tiendas de autoservicio; en el transporte público, y los bancos.

Lo que significa que los habitantes del principal destino turístico de América Latina tienen terror de realizar sus actividades diarias, tan esenciales como ir a trabajar en el autobús para llegar a sus centros de trabajo y, lo peor del caso, es que tienen pavor de ir a retirar sus sueldos en los cajeros automáticos o bancos, pues saben que al salir de estos pueden ser asaltados, en el mejor de los casos, o si no, secuestrados o asesinados por sacar el sustento obtenido con mucho esfuerzo, y dando gracias de no haber sido heridos de muerte en la semana en el transporte público.

Así no se puede vivir, y desde luego que urge que las autoridades tomen cartas en el asunto, y el ayuntamiento de Benito Juárez “hizo lo que toda autoridad haría para acabar con la inseguridad en su ciudad: prohibir los narcocorridos”.

Pero en qué cabeza cabe semejante propuesta de solución, pues ni más ni menos que de la alcaldesa benitojuarense Ana Paty Peralta de la Peña y su cabildo, al prohibir la presentación de grupos de corridos tumbados en Cancún.

Así tal cual sucedió con el gobierno municipal al informar que a partir de ahora no se autorizarán permisos a conciertos con artistas que promuevan la “apología” del delito en cualquiera de sus géneros musicales, aunque los más referidos son los narcocorridos y algunas músicas gruperas.

Si bien es cierto que el Bando de Policía y Buen Gobierno de Benito Juárez establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia, lo cierto es que este rubro siempre ha sido letra muerta porque nunca se había aplicado, y no había sido así porque seguramente los antecesores lo consideraban un sinsentido.

Es decir, se sabe que un narcocorrido no va a incitar a alguien a cometer un crimen, dedicarse a la delincuencia o consumir drogas, pero lo que sí está sumamente comprobado, es que cuando los gobiernos no les brindan las oportunidades de educación, espacios culturales, recreativos, artísticos, deportivos, de trabajo, salud y sana convivencia, es más fácil que los jóvenes se enlisten en las filas de la delincuencia.

La prohibición ya tuvo un efecto dominó, y los restaurantes de Cancún ya se sumaron a eliminar música “incitadora de violencia” en sus negocios, por lo que, según los propietarios, ya no incitarán a la juventud a delinquir mientras consumen sus alimentos.

Si la prohibición funciona, qué bueno, será reconocido, pero sabemos que la delincuencia en Cancún no bajará con esta medida, porque la inseguridad de esta ciudad crece a la par con el número de turistas que lo visitan y con las personas que diariamente llegan a Cancún a vivir.

El ayuntamiento de Benito Juárez mejor debería hacer eco de las acciones que lleva a cabo la gobernadora Mara Lezama, de promover la cultura de los valores, la paz, la familia, la no violencia y el rechazo a las actitudes destructivas en la sociedad.

¿Funcionará esta polémica prohibición para bajar los índices de inseguridad en Cancún?