Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Después de una larga espera, de casi 15 meses, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción retomó la búsqueda, localización y captura de al menos tres personas, que ocuparon puestos de primer nivel durante la administración de Roberto Borge Angulo.

Se trata de Gonzalo Herrera Castilla, quien estuvo al frente de la Secretaría de la Gestión Pública (ahora Secretaría de la Contraloría); Román Quián Alcocer, ex titular de la Secretaría de Gobierno (Segob); así como Fernando Escamilla Carrillo, quien fue secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra).

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Recientemente, los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede oficial en Cancún, confirmaron las sentencias emitidas por diversos Juzgados de Distrito que validaron la legalidad de las órdenes de aprehensión, libradas contra los ex funcionarios, considerados ahora como formalmente prófugos.

En los tres casos, los principales argumentos de los ex funcionarios es que el delito de Desempeño irregular de la función pública, por el que los señalan, ya prescribió.

Los criterios fueron desechados por los jueces federales, con lo cual, quedaron sin efectos las suspensiones provisionales y definitivas, que les permitió, en su momento, evitar que fueran detenidos.

“En esas condiciones, toda vez que los agravios alegados por el inconforme resultaron ineficaces, debe confirmarse la sentencia que se revisa, sobreseer en el juicio de amparo y negarse la protección de la Justicia Federal”, señala una de las últimas sentencias de los tribunales.

Desde finales del año pasado, la mayoría de los ex servidores públicos, entre ellos los tres mencionados, lograron mediante amparos suspender temporalmente la ejecución de las órdenes de aprehensión, libradas por un Juez de Control de Chetumal, el 28 de junio 2017 dentro de la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública en agravio de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C. V.

Al igual que otros nueve ex servidores públicos, Herrera Castilla, Quián Alcocer y Escamilla Carrillo, están acusados de firmar dos contratos con la empresa Aero Taxi Villa Rica S. A. de C. V., una en 2011 y otra en 2014, que fenecieron apenas en abril y mayo del año pasado.

El primero corresponde a la contratación de dos jets, que implicó un pago mensual de 675 mil dólares, por un periodo de 72 meses (a partir de 2011); y el segundo por la renta de un helicóptero, que representó un pago mensual de 81 mil 250 dólares americanos, por un periodo de 40 meses (a partir de 2014).

A casi año y medio de judicializada la carpeta administrativa 151/2017, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ha detenido a seis personas; cuatro de ellas, recluidas actualmente en el Cereso de Chetumal, dos en resguardo domiciliario, mientras que uno enfrenta el proceso en libertad.