La Fiscalía General del Estado va por $70 millones este año

Los recursos serán para fortalecer el Área de Servicios Periciales.

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En 2016 el acceso a los recursos económicos estuvo en riesgo tras una serie de reformas a nivel local. (Redacción/ SIPSE)
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Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado presentó los proyectos necesarios en busca de acceder a poco más de 70 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2017.

Antonio Nieto Bastida, titular de la Vice Fiscalía de la Zona Sur dijo que en esta ocasión los recursos serán para fortalecer el Área de Servicios Periciales y los espacios de Atención Temprana y Mecanismo Alternativos para la Solución de Conflictos.

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Además se considera la adquisición de uniformes y equipos de protección para los agentes de la Policía Ministerial.

“Tenemos una propuesta económica similar a la que presentamos el año pasado. En este año las reglas de operación y las necesidades de la propia Fiscalía establecen prioridades específicas que se van a atender”, destacó el entrevistado.

Se considera la adquisición de uniformes y equipos de protección para los agentes.

En 2016, la FGE aplicó en los últimos meses del año 2016, un total de 70 millones 958 mil 533.60 pesos provenientes del mismo fondo (64 millones 889 mil 735.45 pesos de aportación federal y 6 millones 068 mil 798.15 pesos del Estado), los cuales tuvieron en su momento problemas de disponibilidad.

Los recursos fueron para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia con 22.15 millones y el Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto con 19.1 millones.

Justicia penal

También para el Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con 13.3 millones; mientras que el resto del dinero fue para el nuevo Sistema de Justicia Penal, Acceso a la Justicia para Mujeres, Red Nacional de Radiocomunicación, Búsqueda de Personas y Prevención de Delitos de Alto Impacto.

En 2016 el acceso a los recursos económicos estuvo en riesgo tras una serie de reformas a nivel local que facultaron al Fiscal General para designar a un contralor interno, lo cual no se pudo hacer  la llegada de la XV Legislatura por diversas omisiones.

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