El reciente enfrentamiento entre pobladores de Sac-Xan y elementos de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, en Chetumal, tras la muerte de un joven detenido en circunstancias aún no esclarecidas, ha dejado en evidencia una realidad innegable: el creciente descontento social ante los constantes abusos, ilegalidades y arbitrariedades de las fuerzas del orden en Quintana Roo.

 La falta de capacitación de los cuerpos policiales es un problema evidente. Los elementos de seguridad, que deberían garantizar la paz y la seguridad ciudadana, con demasiada frecuencia terminan siendo señalados por prácticas que rayan en la brutalidad y la ilegalidad.

 Detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza y la opacidad en la rendición de cuentas son solo algunos de los factores que han erosionado la confianza de la ciudadanía quintanarroense.

 El caso de Sac-Xan no es un hecho aislado. Es el reflejo de una problemática estructural que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. La población está cansada de ser víctima de una corporación que parece más enfocada en el abuso de poder que en el cumplimiento de su deber con ética y profesionalismo.

 El enojo de los habitantes, que llegó al punto de incendiar una patrulla e irrumpir en instalaciones policiales, es una señal clara de que el hartazgo ha alcanzado niveles alarmantes.

 Es imperativo que las autoridades vean en este lamentable suceso una oportunidad para implementar transformaciones urgentes. La seguridad pública debe ser conducida con respeto a los derechos humanos y con un enfoque de prevención y proximidad, no de represión como actualmente se conduce la corporación en manos de Julio César Gómez Torres.

 Capacitación integral, supervisión constante y mecanismos efectivos de rendición de cuentas son medidas urgentes que no pueden seguir postergándose y, por el contrario, reconocer y atender inmediatamente.

 Si no se toman cartas en el asunto, el descontento social seguirá creciendo y las consecuencias podrían ser aún más drásticas. La población no está dispuesta a seguir tolerando abusos, y las autoridades deben entender que la seguridad pública solo se logra con el respeto y la confianza de la ciudadanía, no con la fuerza bruta.

 Es momento de que los gobernantes dejen de ver estos hechos como incidentes aislados y comprendan que se trata de una crisis de legitimidad y confianza que requiere atención inmediata.

 

La ciudadanía exige justicia, transparencia y una transformación real en el actuar de la policía estatal, antes de que la indignación social llegue a un punto de no retorno.

 ¿Es hora de remplazar al actual secretario de Seguridad Ciudadana?