MUERTES, INTESTADOS, DESPOJOS E INVASIÓN DE INMUEBLES: CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA. La creciente cifra de muertes por la epidemia de COVID-19 en México heredó ya un caos y serios problemas en materia testamentaria, advierten expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 

En un estudio titulado Emergencia sanitaria por Covid-19: Derecho privado, alertan que en promedio en el país sólo 0.8 de cada 20 personas ha hecho su documento, lo que deriva en una suma de problemas y caos. Si en el país habitan aproximadamente 126 millones de personas, tendremos un estimado de 5,040,000 de testamentos, por lo que sólo el 4 por ciento de la población cuenta con su testamento, indican.

 

Esta cifra obtenida de los datos oficiales de 2019 nos permite concluir que es una cantidad muy baja, esto en comparación con la totalidad de personas que habitan o residen en el país. El estudio resalta que en México no hay una cultura del testamento y el gobierno carece de programas y opciones de apoyo ciudadano, aun cuando por lo menos un 30 o 40 por ciento de población debería contar con su testamento, tomando en cuenta –incluso– que la totalidad de la población aún no es capaz de elaborarlo.

 

Recordemos que, con cifras actualizadas al pasado miércoles, la cifra real de muertos por la pandemia en México era de 519,195 personas, muchas de ellas propietarias de un patrimonio. Hablamos de cientos de miles de millones de pesos en bienes muebles, bienes inmuebles y bienes financieros que se quedan literalmente en el limbo jurídico, sin un dueño determinado, al morir sus propietarios a causa del Covid-19.

 

De acuerdo con el investigador Eduardo Daniel Hernández –en su capítulo titulado El testamento público y fe pública; una reflexión ante las emergencias sanitarias–, debido a que la epidemia obligó al cierre de las notarías y a suspender sus labores, el gobierno debió haber actualizado y mejorado sus sistemas y dar una solución para realizar estos trámites desde el propio hogar. El investigador propone que todo ciudadano que, en caso de riesgo, no pueda salir de su domicilio, pueda contactarse por videoconferencia (o elementos similares), con un representante del Estado, quien, investido de fe pública, solicitará la declaración testamentaria del interesado. 

 

De esta manera se podrían imponer ciertos requisitos para salvaguardar la integridad y voluntad del testador, para que dicho testamento pueda surtir plenos efectos jurídicos y no cuente con vicio alguno. También propone al gobierno habilitar fedatarios públicos, o bien emitir un decreto sobre este tema, para todos aquellos que no tengan la posibilidad de elaborar su testamento y darles la posibilidad de realizar el trámite.

 

Se anota que hay también falta de información y orientación sobre la actividad notarial, ante el argumento de un grueso de los ciudadanos que imagina que el testamento es un trámite caro y complejo, a pesar de la constante difusión por parte del Estado, de programas de descuentos e informativos sobre la materia.

 

El estudio subraya que las emergencias sanitarias crean ambientes propicios para que una cantidad considerable de la población sienta amenazada su vida, algo totalmente razonable y natural; sin embargo, si una persona, a causa del temor infundido por el virus SARS-CoV-2, de forma preventiva, deseaba realizar su testamento, no tenía a su alcance la posibilidad material ni jurídica para poderlo efectuar, pues la actividad notarial estaba suspendida por orden gubernamental.

 

Esta gran mortandad provocó que muchos inmuebles queden deshabitados, lo cual ha generado en diversas partes del país el resurgimiento de una vieja plaga: los invasores de terrenos, casas, departamentos, bodegas y locales. Este resurgimiento se debe, entre otros factores, además del efecto mortal de la pandemia, al grado de corrupción que prevalece en diversas instancias de poder público que dejan al ciudadano o a sus herederos en un estado de indefensión total. 

 

Las invasiones y despojos de bienes inmuebles se dan tanto en áreas rurales, como en áreas urbanas con gran densidad poblacional. Los delincuentes peinan determinada zona para observar si algún departamento no tiene tráfico de personas y cuando es el caso, asaltan la propiedad, cambian las cerraduras y esperan unos días a ver qué reacción hay, si no existe, de inmediato meten algunos muebles y los más osados ya de plano ingresan a vigilantes al inmueble.

 

Los despojos incluso son con violencia. Existen casos muy sonados en la comunidad, en los cuales ha habido heridos y muertos. Este es un tema que los 3 niveles de gobierno deben enfrentar de forma decidida y efectiva, pues una función fundamental del estado mexicano es proteger y hacer valer la propiedad privada.