HACIENDA SE EXCEDE CON SUS MEDIDAS PARA COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL. Una organización líder de abogados dijo en una carta enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza para el Estado de Derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el Gobierno federal y las empresas.

 

Peter Bartlett, vicepresidente de la división de práctica legal de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), señaló en el escrito dirigido al secretario Arturo Herrera que la organización había recibido informes “muy perturbadores” de que se estaba advirtiendo a los contribuyentes que no consultaran a litigantes en sus disputas fiscales.

 

Además, los contribuyentes enfrentan amenazas de cargos de fraude criminal si no logran llegar a acuerdos con las autoridades fiscales, según la carta vista por Bloomberg News. IBA, con sede en Londres, verificó la autenticidad de la carta. La Secretaría de Hacienda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

 

Si bien la mayoría de los países han ofrecido exenciones fiscales debido al colapso que la pandemia del COVID-19 generó en sus economías, México ha estado ajustando su presupuesto y presionando a las grandes empresas para que resuelvan las disputas fiscales.

 

México ha recaudado más de mil millones de dólares en ingresos de acuerdos fiscales este año y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá poderes aún mayores para presentar cargos por fraude fiscal en el futuro tras las reformas aprobadas a finales de 2019.

 

“Apreciamos y reconocemos sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la ley no puede aplicarse caprichosamente, mucho menos en tiempos de crisis”, escribió Bartlett en la carta del 27 de agosto.

 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, declaró a Bloomberg News en una entrevista la semana pasada que los acuerdos fiscales estaban ayudando al Gobierno a proyectar un ligero superávit primario este año. Tan solo este mes, BBVA Bancomer acordó pagar alrededor de 150 millones de dólares y Walmart de México entregó 370 millones de dólares a principios de 2020.

 

PÉRDIDA DE PRIVACIDAD Y CONSECUENCIAS PENALES: IP ALERTA DE RIESGOS A CONTRIBUYENTES EN MISCELÁNEA FISCAL. El mal manejo de datos personales y arriesgar el derecho a la intimidad de los contribuyentes son algunas de las amenazas que se podrían tener en caso de una auditoría del Sistema de Administración Tributaria (SAT), gracias a los cambios propuestos por la Secretaría de Hacienda en su Miscelánea Fiscal 2021, en donde también se busca dar consecuencias penales a faltas que hasta ahora sólo son administrativas.

 

En el Paquete Económico 2020 propuesto por el gobierno y que los legisladores analizarán para su aprobación, se plantean cambios al Código Fiscal en donde se endurecen las medidas de revisión en caso de auditorías y las consecuencias en el caso de la que se conoce como Regla Antiabuso en su artículo 5-A al código fiscal de la federación.

 

Vinculado a la protección de datos personales, se incorpora una propuesta sobre la utilización de medios electrónicos o herramientas tecnológicas para verificar los activos y lo que tienen los contribuyentes en una auditoría.  

 

“Si un auditor llega, no lo dice la disposición y es parte de lo que nos cuestionamos, podría llegar con una cámara a grabar o tomar fotos y no se especifica si es con una cámara institucional, si es con su celular”, dijo Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

 

La reforma propuesta argumenta entre los motivos que esa medida servirá para asentar los datos de los activos y los bienes que tiene el contribuyente. En teoría esto sería parte de las facultades de revisión de las auditorías del SAT.

 

“Tampoco lo especifica la disposición y es algo que nos preocupa, no solo por el manejo de la información, que se dice será conforme al secreto fiscal, pero no se establecen esos protocolos sobre lo que se puede hacer y se podría llegar al extremo de tener una violación al derecho a la intimidad del contribuyente”, advirtió el especialista.

 

Otra preocupación para el contribuyente, son los cambios al artículo 5-A del Código Fiscal en la Cláusula Antiabuso. A este artículo emitido el año pasado y vigente a partir de enero de 2020, se le pretende agregar consecuencias penales, cuando hoy son sólo administrativas.

 

“Si una persona celebra un contrato de arrendamiento y la autoridad fiscal decide reclasificar como una compraventa, esto derivará en consecuencias penales. Esta propuesta ya se había rechazado el año pasado, porque se presta a muchos abusos, y ahora se vuelve a insistir en ella”, destacó el presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex.