Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Freddy Marrufo Martín, expresidente municipal de Cozumel dijo que está dispuesto a enfrentar el procedimiento de juicio político en su contra, una vez que se garantice el debido proceso por parte del Congreso Local.

Declaró que actualmente cuenta con una suspensión definitiva, de todo procedimiento, dictado por el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, el cual ordena al Congreso Local suspender cualquier acto de resolución.

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El recurso legal, afirmó, fue interpuesto con la intención de que la XV Legislatura del Congreso cumpla y realice sus actos conforme a los procedimientos establecidos y no incurra en alguna irregularidad.

“No tenemos ninguna notificación por parte del Congreso Local desde el inicio del proceso, sí he tenido comunicación de manera informal con el presidente de la Comisión Instructora para ponerme a su disposición, pero hasta el momento no he sido notificado de ninguna manera”, señaló el entrevistado.

Sin embargo, el actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció que la suspensión definitiva, que le fue concedida por un Juzgado Federal, no significa que se haya “salvado” del procedimiento.

“Es un término jurídico que no significa que se suspende el procedimiento, pero que si en un momento dado no puede proceder o concluir el mismo, sino hasta que se resuelva el tema del amparo”, indicó.

Dijo que esperará que el juzgado correspondiente resuelva el amparo, y en su caso, esperará también los citatorios que le realice la Comisión Instructora de la XV Legislatura, presidida por Juan Carlos Pereyra Escudero.

Freddy Marrufo Martín, expresidente municipal de Cozumel está señalado de daño al patrimonio de ese Ayuntamiento por 405 millones de pesos, y por el cual también fue denunciado, en su oportunidad, ante la Procuraduría General de la República (PGR).

De proceder el juicio político y ser considerado culpable, por el pleno de la Legislatura, Marrufo Martín sería inhabilitado, por determinado tiempo, para ocupar cargos públicos en Quintana Roo.