Un juez federal otorgó a Aguakan una suspensión provisional del decreto 195 que le retira, de manera anticipada, la concesión del suministro de agua potable y alcantarillado en cuatro municipios de Quintana Roo.

La empresa logró la medida cautelar en la admisión del amparo indirecto del expediente 1323/2023 otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito contra la medida aprobada por el Congreso que debía entrar en vigor este domingo 31 de diciembre, informó la concesionaria.

Así, mientras no se decida otra cosa en la audiencia incidental del juicio de garantías programada para el 4 de enero, el decreto 195 no tendrá efectos sobre el particular, por lo que podrá continuar prestando el servicio en Quintana Roo.

“Con ello se confirma el derecho de la concesionaria para continuar brindando, sin afectación o interrupción, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad en el estado de Quintana Roo, inclusive después del 1 de enero del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2053”, expuso la empresa tras el logro.

El pasado 22 de diciembre, el Congreso del Estado aprobó la abrogación del decreto 250 expedido por la XIV Legislatura en 2014. El mandato otorgó la concesión del servicio de agua potable al particular hasta el año 2053 en cuatro municipios.

El 27 de diciembre, Desarrollos Hidráulicos de Cancún, la sociedad mercantil propietaria de Aguakan, presentó la demanda de amparo indirecto. Alegó que la medida aprobada por los diputados locales viola sus derechos humanos otorgados por ocho artículos constitucionales.

El 28 último, el Juzgado Octavo de Distrito admitió la demanda de amparo indirecto, el cual vino aparejada con la suspensión provisional. El órgano jurisdiccional ya requirió a la legislatura los informes previos, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Amparo.

El Congreso aún está en tiempo de preparar un recurso de revisión en caso de que Aguakan sea beneficiado con la suspensión definitiva, medio de impugnación que deberá presentar como autoridad responsable ante el mismo juzgado federal, el mismo que ahora benefició a la concesionaria.

De ser así, un Tribunal Colegiado de Circuito resolverá en segunda instancia el pleito, el cual se prevé se alargue por varios meses más.