Desde que asumió el control del gobierno estatal el 25 de septiembre de 2016, Carlos Joaquín González tenía frente a sí dos retos ineludibles: llevar a la justicia a los perpetradores del quebranto financiero de Quintana Roo, y combatir la creciente inseguridad provocada por la delincuencia organizada que se fortaleció de manera exponencial durante la última década, convirtiéndose en un cáncer que amenaza la estabilidad de nuestros destinos turísticos y nuestras principales ciudades.

 

Ambos desafíos eran –son aún– complicados en extremo, pues por una parte el marco legal presenta severas lagunas para castigar los actos de corrupción de ex gobernantes y ex funcionarios, complicando seriamente la posibilidad de castigar con penas de cárcel a los culpables de saqueo y hasta la recuperación del daño causado a las arcas quintanarroenses, y por otra, luchar contra un crimen organizado que se reproduce de manera orgánica por todo el país es como combatir con la mítica Hidra, pues al cortar una cabeza, salen dos más.

 

El gobernador Carlos Joaquín González ha asumido un compromiso claro para responder a estos desafíos, liderando las gestiones ante la federación para fortalecer la seguridad en el estado y la coordinación de las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno y con la Fiscalía General del Estado, acciones que, tras poco más de un año de intensa labor, empiezan a dar frutos.

 

Según las estadísticas, las cifras rojas de la delincuencia que alcanzaron su pico máximo en este 2017 en Cancún empiezan a mostrar un declive en los últimos meses en los que se ha apretado el paso en la coordinación interinstitucional.

 

El pasado sábado una serie de operativos de las corporaciones policiacas golpearon a la delincuencia organizada en Cancún en diversos niveles. La Policía Ministerial detuvo a cinco presuntos sicarios con un arsenal de armas largas, la Policía Estatal capturó a dos narcomenudistas y a dos sujetos armados con una granada de uso militar, y la Policía Municipal aprehendió a otras dos personas que portaban pistolas con cargador abastecido y con antecedentes penales en Puerto Vallarta.

 

Todas estas detenciones fueron gracias al trabajo coordinado de las tres corporaciones y la federación, pues los detenidos acusados de delitos del fuero federal fueron entregados a la PGR.

 

La cereza en el pastel para los esfuerzos del gobierno estatal la puso la detención de Ercé Barrón Barrera, ex tesorero general de Quintana Roo en los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos, al parecer huyendo de la orden de aprehensión.

 

La detención de Barrón Barrera deja claro que, a pesar de los obstáculos y de la lentitud de la maquinaria judicial, la búsqueda de Justicia no ha cesado y el compromiso de Carlos Joaquín sigue tan firme como al principio.