Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- En los últimos 13 años, en Quintana Roo han sido inhabilitados 282 funcionarios y ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, de los cuales 130 han sido del municipio Benito Juárez, de acuerdo con documentación obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Contraloría municipal ha sido la dependencia sancionadora en el caso de los municipios de Benito Juárez, Othón. P Blanco, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, y Felipe Carrillo Puerto; mientras que del estado la responsabilidad ha sido de la Secretaría de la Contraloría; y del nivel federal en relación a delegados federales ha sido el Consejo de la Judicatura Federal.

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En el presente año, 30 cumplen sus respectivas sanciones por lo que podrán volver a laborar en una dependencia del Gobierno, en algunos casos específicos las autoridades sancionadoras abrieron más de un expediente, la mayoría es la violación al Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo, por lo que aun cuando ya cumplieron el tiempo de inhabilitación en algunos expedientes quedan vigentes otros.

Aun cuando la principal sanción es por la violación al artículo antes señalado, otras cuestiones son el abuso de autoridad, el no respetar las leyes de Normatividad Presupuestal y Procedimiento de Contratación, negligencia administrativa; el no cumplir los procedimientos para el cuidado el patrimonio, el no comprobar ni justificar cuentas de gastos incumplidos, mal control administrativo, sustracción de material de trabajo, o el no presentar sin causa justificada la declaración final de conclusión del cargo del cargo directivo.

Las inhabilitaciones van de los tres meses hasta los 22 años como máximo, y ha sido para personal de todos los niveles, entre los que destacan bomberos, policías municipales, cajeras y la mayoría han sido directores de área.

En el caso de Benito Juárez hay ex funcionarios sancionados como con más de un expediente como es el caso de Juan Ignacio García Zalvidea, a quien le iniciaron 12 expedientes de los cuales faltan dos por cumplir uno hasta 2020 y el otro para 2025.

Lourdes el Carmen Ángeles Toledo era tesorera en Benito Juárez y su inhabilitación es por 11 años, del 18 de febrero de 2016 al 17 de febrero de 2027; tiene una segunda inhabilitación por el mismo tiempo.

Jesús Alejandro Ávila Sánchez, ex director de Recursos Materiales, tiene cinco inhabilitaciones de las cuales la última vence el 28 de febrero de 2019, luego de haber violado las leyes de Normatividad Presupuestal y Procedimientos de Contratación. Las inhabilitaciones fueron de tres a 12 años, e iniciaron en 2006 y 2007.

Otro de los ex funcionarios es Carlos Trigo Perdomo, quien tiene tres expedientes por tres, 11 y 20 años cada uno, inhabilitación que terminará en 2024 y 2033.

En la lista también está Adrián Jesús López Farfán con siete inhabilitaciones desde 2006, de las que la última vence el 24 de marzo de 2019.

En el caso de Paula Fernanda Martínez Buenfil, ex síndico municipal, tuvo un juicio político por el manejo indebido de fondo y valores de Benito Juárez, su inhabilitación concluye el 14 de abril de 2022.

Antonio Bernardo Baduy Moscoso, ex tesorero municipal de Cozumel, tiene una inhabilitación de 20 años del 31 de julio de 2017 hasta el 31 de julio de 2037.

Isern Armando Burgos León, ex director de Obras Públicas en Felipe Carrillo Puerto, está inhabilitado cinco años del 26 de mayo 2014 hasta el 25 de mayo al 2019.

En Tulum, Edgar Aarón Tun Cámara, ex secretario municipal, tuvo omisiones en la entrega recepción de documentación elemental para el correcto desempeño, su inhabilitación del 19 de octubre de 2017 hasta el 19 de mayo de 2018.

En Othón P. Blanco, la cajera Saury Leticia Salazar Tzuc, de la Dirección de Ingresos Municipales, fue responsable de cobros indebidos por siete mil 862.91 pesos, dinero que no ingresó a las cajas del Ayuntamiento, por ello fue inhabilitada un año, y el plazo se cumple en octubre del presente.