En aparente quietud se encuentran los miembros del gabinete de Carlos Joaquín González, tras las declaraciones del gobernador de que por el momento no realizaría ningún movimiento entre los funcionarios de su equipo, a pesar de que estos fueron duramente cuestionados por los diputados locales debido a su mal desempeño durante la entrega de su primer informe, ceremonia que confirmó las dimensiones de la aprobación popular tan exigente con sus políticos.

La prudente declaración de Carlos Joaquín aplacó los vientos de marejada que amenazaban con azotar a buena parte de su círculo de colaboradores tras la entrega del informe, sin embargo esta calma chicha parece ser el preámbulo de la tormenta, porque varios titulares de dependencias y organismos están en la picota.

Hay un acentuado contraste entre el nivel de aceptación popular del gobernador Carlos Joaquín y su gabinete, cuyos integrantes en muchos casos no han estado a la altura del desafío que no admite excusas por las dimensiones de la exigencia colectiva.

Esta misma semana el Contralor estatal Rafael del Pozo Dergal declaró a Novedades Chetumal que hay al menos seis investigaciones abiertas contra funcionarios del gobierno joaquinista, lo que de inmediato los coloca como candidatos al relevo.

Según Del Pozo, están bajo investigación el Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y la titular de Educación, Marisol Alamilla Betancourt, por la escandalosa licitación por 104 millones de pesos para la compra de uniformes escolares que favoreció a una comercializadora poblana –de la que no se conocen antecedentes– en detrimento de los comerciantes locales, hecho que levantó sospechas sobre un proceso amañado comandado desde la Oficialía.

Por el mismo caso ambos funcionarios están en la mira del Congreso, cuyos diputados no fueron nada amables al tildarlos de soberbios e ineficientes.

Algunos investigados son Antonio López Pinzón, titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte que ha sido uno de los funcionarios más polémicos, exhibido una y otra vez por sus torpezas; Eduardo Ortiz Jasso, director de la recién nacida Agencia de Proyectos Estratégicos –presuntamente inhabilitado, y que está bajo investigación de la Contraloría desde el pasado mes de julio –, y Lizzie Cole Guerrero, titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones.

Y los resultados de estas indagatorias podrían marcar el final del “tiempo extra” que está brindando el gobernador a sus colaboradores, quienes a pesar de los vientos calmos siguen con los nervios de punta.