La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tendrá garantizado un presupuesto mínimo de alrededor de 20 millones de pesos anuales, luego de una reforma al artículo 161 de la Constitución Política de Quintana Roo que entró en vigor esta semana. 

El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Raúl Cazares Urban, explicó que esta reforma establece que el presupuesto de egresos que se le asigne a la Secretaría Ejecutiva no será menor al presupuesto autorizado el año inmediato anterior.

Este año, el dinero establecido para la ejecución de acciones tendientes a fortalecer el combate de la corrupción en un estado que confía poco en sus autoridades, es de alrededor de 20 millones de pesos. Los siguientes años no podrán bajar.

"Fue una reforma que impulsamos desde el Sistema, junto con la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado y lo que se logra es blindar el presupuesto que tiene la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y el presupuesto se hace irreductible, es decir, ya no puede ser menor al del año anterior y así se garantiza que las nueva legislatura no le puede dar menos a la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, con lo que se garantiza el trabajo en el futuro”.

Desde su creación, en 2018, el Sistema ha estado sujeto prácticamente a que sobren recursos. Primero le dieron solo 6 millones para su implementación, luego subió a 10 millones. En algún momento alcanzó 18 millones, pero después fue reducido nuevamente, debido a que su presupuesto no contaba con protección constitucional.

Presupuesto permitirá abarcar diversas áreas 

Para el entrevistado, de esta manera, se podrá trabajar en varios considerados dentro de la política anticorrupción, está trazada a un plazo de 10 años, es decir, a 2030, y que debe comenzar a dar sus primeros frutos. 

Cazares Urban señaló que se trata de un gran avance, aunque reconoció que falta fortalecer, de forma institucional y con recursos, a otros órganos que forman parte del andamiaje institucional contra la corrupción, como las contralorías municipales, órganos de control  de órganos autónomos y de los Poderes, incluso el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

“De lo contrario, no van a funcionar, a dar los resultados, porque no tienen ni las personas, ni los perfiles ni los presupuestos adecuados para garantizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero eso ya es otro reto y hay que empezar a gestionar, con sustento jurídico, con diagnósticos, para poder fortalecer a estos entes públicos", finalizó el entrevistado.